El 22 de junio a las 9:30 horas dos hombres armados asaltaron el hospital que se ubica en la 24 Norte 611, donde se llevaron celulares, dinero en efectivo y joyería, cuantificado por al menos 33 mil pesos.

Los delincuentes iban armados con sendas pistolas, al momento del asalto se encontraban una enfermera y la propietaria María Cristina Silva, quien fue herida de dos cachazos en la cabeza, sin que hubiera puesto resistencia al robo. A la fuga de los maleantes el protocolo ciudadano-policiaco entró en acción. 

Se hicieron las llamadas de auxilio, la policía llegó tarde, luego los uniformados se hicieron los interesados del caso y recomendaron que la denuncia fuera presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Y se dio por terminado otro de los muchos casos de robos que actualmente se denuncian en la ciudad de Puebla.

Pero la historia puede ser otra.

Edmundo Velázquez, en su columna de Cuenta Hasta 10, editada en el informativo electrónico Página Central, narra uno de los principales motivos que pudo haber tenido ese asalto y del porqué de la violencia de los asaltantes.

Y lo más importante, que está agresión-asalto, tiene un culpable y es la Fiscalía General del Estado (FGE), desde el fiscal Víctor Antonio Carrancá Bourget, y del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ‎Juan Luis Galán Ruiz, que ya sea por
incapacidad o contubernio protegieron a una banda de asaltantes compuesta por al menos 7 sujetos, que el 17 de junio del 2011, se metieron a su casa y violaron a su hija de 15 años de edad, además de que se llevaron valores y dinero, esto en La Calera.

Y le comento que estos dos personajes, de la administración oscura de justicia de Rafael Moreno Valle, son responsables de lo que le está ocurriendo a María Cristina Silva y a su familia.

Porque resulta que estos dos servidores públicos pudieron haber aclarado el caso de robo y violación, si hubieran hecho una investigación profesional, tras ‎la detención de Roberto González, que fue asegurado por otro delito y pese a que la afectada y una empleada lo identificaron la Fiscalía lo puso en libertad, luego de que pagara una breve fianza, sin tomarle en cuenta por el señalamiento que había en su contra.

En este espacio le voy a comentar solo parte de lo que le ha ocurrido a esta familia por haber denunciado la violación y robo, pero dedicaré un espacio en cada entrega de la semana para que el lector comprenda hasta dónde ha durado la protección de la FGE a las bandas de asaltantes.

Tras haber denunciado el robo y violación, además del señalamiento directo de uno de los responsables, el presunto jefe de la banda. La familia comenzó a recibir llamadas amenazantes de los asaltantes. Les advertían que ya no le movieran al asunto o la iban a pasar mal. Francisco Sánchez, el padre de la joven ultrajada, en el año 2013, fue asesinado a balazos, en el interior del mismo consultorio, por un presunto asalto, como el que le comenté del pasado 22 de junio.

Y las amenazas aun no terminan.

Notará el lector que el asalto que sufrió la familia ocurrió en el año del 2011, justo el primer año del inicio de la administración de Rafael Moreno Valle. Cuando el titular de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), actualmente FGE, era y es Víctor Antonio Carrancá y Juan Luis Galán. Cuando el incremento al robo de hidrocarburos comenzó a crecer. Cuando las ejecuciones, secuestros, extorsiones, homicidios, asaltos, se incrementaron. Y le comento que aún dos de los personajes responsables por incompetencia o contubernio, aún se siguen amarrados al presupuesto.

Nos vemos cuando nos veamos.