Algo está mal si cuando se fracasa en el intento de obtener un bien por la vía jurídica se emprende el camino de la violencia. Es regresar a la época en que los diferendos se resolvían mediante el uso de la fuerza y no la razón. 

La ley del más fuerte cobra carta de naturalización en Puebla y la impunidad es moneda de cambio cotidiana frente al que menos poder y relaciones tienen.

Así fue el caso de Héctor Montiel, un empresario que hizo trabajo partidista y administración pública hace 12 años, en la gestión de Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, edil de la capital de 2002 a 2005.

Montiel no es un hombre de frívola conducta ni temerario dicharachero. Más bien se trata de un perfil discreto que usa la ironía con habilidosa oportunidad y la retórica como argumentación eficaz, como dicta el principio filosófico.

Por eso es que no hay que echar en cajón de sastre el lance mediante el cual, señala a Gabriel y Rafael Posada Cueto, desarrolladores de Lomas de Angelópolis, como las cabezas visibles de un grupo que aplica el principio ordinario conocido en el argot de la política mal aplicada: el que no tranza no avanza.

—¿Tú dirías que los Posada Cueto forman parte de la industria del despojo?, pregunté al ex edil interino de la capital del estado.

—Sin duda, desde luego, forman parte esencial, respondió sin ningún tipo de duda.

Corpulento desde siempre, en mangas de camisa como se le conoce desde que fue servidor público hace más de una década, respondió todas las preguntas planteadas en el programa Parabólica En Red que se transmite por Facebook/Live todos los días.

Libra una batalla desde hace años por la propiedad de dos extensiones de tierra por las que pagó a Bancomer en un remate en 2002, cuando ya era trazado el desarrollo inmobiliario de Lomas de Angelópolis. 

Una trama mafiosa lo orilló a pelear contra fallos judiciales amañados, el trabajo fedatario de notarios de dudosa reputación y la ambición de los hermanos Posada Cueto hasta que hace tres meses recibió una bala que iba dirigida a su cabeza, entró por la boca y salió por el cuello para luego volver a entrar por el hombro izquierdo y partirle la clavícula.

La camarilla con quien enfrenta el pleito legal lo quería muerto. En la Fiscalía General del Estado existe una lista de beneficiarios con la ejecución fallida hace dos meses. Montiel no sólo no murió a manos del sicario contratado ex profeso, sino que ahora puso luz sobre los nombres detrás de esta trama.

Gabriel y Rafael Posada Cueto no sólo tienen influencia sobre magistrados, jueces y notarios; entre la lista de amistades están dos ex gobernadores, el panista Rafael Moreno Valle y el priista Mariano Piña Olaya; el hijo de éste, el diputado federal, Juan Pablo Piña casó con la hija de Rafael Posada y entre las relaciones que más presumen está la del ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella.

La denuncia que hizo Héctor Montiel debe ser atendida por el Fiscal General, Víctor Carrancá, pues desde que recibió una bala en el rostro no hay un solo detenido; de paso recae en la cancha de Gerardo Lara Said, presiente del notariado ante la denuncia directa en contra de un grupo de notarios tramposos como Víctor Manuel Cortés, Susana Romero de Martino y Silvia Hernández Aguilar.

De las instancias responsables depende que se ponga un freno a la industria del despojo, las trampas que generan impunidad evidente y la ley del más fuerte.