La próxima semana se habrá cumplido el primer bimestre de la violación, muerte y abandono de Mara Fernanda Castilla Miranda, el feminicidio que puso en el mapa del mundo a Puebla.

El presunto involucrado, Ricardo Alexis, chofer de Cabify, reavivó con su oprobiosa conducta al menos dos debates de los aún no concluyen por las múltiples interpretaciones e intereses.

El primero de ellos sobre la pertinencia y utilidad de la solicitud de alerta de género a la Secretaría de Gobernación federal, mecanismo al que Diódoro Carrasco ha preferido darle la vuelta con olímpica elegancia.

El segundo ocurre en la cancha del Congreso del Estado, pues un segundo episodio como el del asalto que costó la vida a Mariana Fuentes, estudiante de la Facultad de Derecho de la BUAP, en donde participó un chofer de la empresa de transporte ejecutivo Uber, puso en la mira a las compañías que operan en Puebla a través de plataformas digitales.

Antes de que ambos episodios indignaran a la sociedad entera el diputado priista y dirigente de la CTM, Leobardo Soto Martínez había encabezado una lucha frontal contra este tipo de compañías, pues según dijo al autor de esta Parabólica, la motivación tiene que ver con la seguridad del usuario. 

Los episodios sangrientos que costaron la vida a las jóvenes universitarias que llegaron a la prensa rusa y española dotaron al cetemista de argumentos suficientes para endurecer su crítica y en favor de los autos de alquiler tradicionales.

Todo parece indicar que la iniciativa que se discute en el ámbito legislativo permitirá establecer controles más severos para los operadores de todo tipo de servicio de transporte, lo que parece alimentar el sentido común.

Transparentar los nombres de quienes ostentan flotillas de autos en Uber o Cabify, como lo demanda Soto Martínez, podría revelar sorpresas más allá de los que ya son públicos como Arturo El Sapo Loyola y los diputados Julián Rendón, un perredista acomodaticio y presidente de la Comisión de Transporte; o Juan Carlos Natale, del Partido Verde.

Según los reportes de los que dispone Leobardo Soto, el crecimiento desmedido en el número de autos en la plataforma digital iguala al número de concesiones de taxis entregadas en los últimos diez años, con un promedio de 9 mil. 

Sólo puede ser explicable con la presencia de la delincuencia organizada, dijo a este reportero Soto Martínez, organizador de un foro que de acuerdo con su estimación se convertiría en un referente nacional.

No se puede excluir en este contexto a una nueva clase política que ha hecho de sus posiciones de privilegio una oportunidad para hacer negocios jugosos, aún a costa de las vidas de Mara Fernanda y Mariana Fuentes, víctimas mortales de la voracidad desmedida.