Es probable que este martes se haya cerrado uno de los capítulos más intensos desde que la joven Mara Fernanda Castilla fue muerta a manos de un conductor de Cabify, sometido a proceso por el delito de feminicidio.
Con la aprobación de la iniciativa que envió el gobernador Tony Gali al Congreso, que busca imponer candados más severos para evitar episodios como éste y el de Mariana Fuentes, también universitaria muerta a manos de un grupo de rufianes que usaron un auto dado de alta en Uber, podría comenzar a tener una perspectiva menos riesgosa.
El largo y accidentado camino para llegar a esta parte de la historia que involucró a las marcas de autos de transporte ejecutivo como las mencionadas y a otros actores de la escena como Leobardo Soto Martínez, el dirigente de la CTM y al Consejo Taxista pudo haber sido más corto y menos sinuoso.
El problema para las partes involucradas, que por momentos alcanzó puntos irreconciliables, y que dejó en medio al Poder Legislativo, es que un secretario General de Gobierno como Diódoro Carrasco Altamirano manejó con extraordinaria torpeza, lo que terminó por meter elementos discordantes.
Con un pésimo desempeño político y mediático, el funcionario transexenal desaseó el proceso que debió haber sido consensuado entre todas las partes, incluso las satanizadas plataformas Uber y Cabify.
El problema inicial fue cuando en medios nacionales anticipó la salida de Puebla del servicio de Uber, luego del segundo homicidio en contra de Mariana Fuentes, la joven que perdió la vida en medio de un asalto y no al contratar a la marca digital, como sí había sucedido con el caso de Castilla Miranda.
Sin haber hecho un control de daños adecuado, presa de la enorme presión social y cuando la noticia del homicidio de otra estudiante universitaria en Puebla había llegado hasta la prensa de Europa como el diario El País y Rusian Today, anticipó en medios nacionales lo que ya parecía un disparate: que en una metrópolis que se vende como una de las mejores del mundo para visitar por sus enormes atractivos, iba a carecer de un servicio de transporte ejecutivo.
Entonces vinieron las campañas en favor y en contra de la disposición, lo que terminó por impactar en el debate en el Legislativo en donde se encuentra la iniciativa. Más aún cuando una versión dijo que Uber y Cabify habían preferido negociar con el ex gobernador Rafael Moreno Valle luego de ver la negativa de Carrasco Altamirano.
En lugar de concentrarse en aplicar todo el conocimiento en un asunto público que requería talento probado y paciencia de relojero, el inquilino de Casa Aguayo volvió a comprometer a la administración en turno por la evidente falta de pericia y habilidad. Otra vez el secretario General de Gobierno quedó a deber.
