Con el amparo otorgado por la justicia federal a Eduardo Rivera Pérez se obliga al Congreso del Estado a suspender la inhabilitación por 12 años y el pago de una multa por 25 millones de pesos, misma que en su momento fue anunciada en todos los medios morenovallistas, para humillar y denigrar la imagen del ex alcalde poblano.

Este resolutivo federal exhibe nuevamente al Poder Legislativo que hace exactamente 11 meses votó con la línea de Rafael Moreno Valle, quien no imaginaba en ese momento que tendría que buscar a su principal adversario político para tratar de salvar la elección de este año.

Fueron sólo tres los legisladores que en ese entonces votaron en contra del dictamen, ya que a pesar de que a los diputados priistas la dirigencia de su partido les pidió que no se sumaran a la inhabilitación, las simpatías y compromisos monetarios con el morenovallismo —al que han servido por más de cuatro años— fueron más fuertes que sus supuestas ideologías partidistas.

No hacía falta ser un auditor experimentado para saber que el dictamen que envió la Auditoría Superior del Estado se encontraba plagado de irregularidades.

El 7 de abril, la diputada Socorro Quezada con documento en mano les dijo a los morenovallistas que el dictamen estaba mal, y en las pocas páginas que leyó se dio cuenta que se castigaría a Eduardo Rivera por algo que no hizo e incluso les responsabilizaría por la violación a la ley, a la Constitución y también por haberse constituido en un Santo Tribunal Inquisidor.

Las primeras imprecisiones radicaban en una serie de documentos en los que le fincaban responsabilidades a Eduardo Rivera por la supuesta mala calidad de la obra  de la avenida 11 Norte–Sur, cuando esta fue realizada por el gobierno estatal de Rafael Moreno Valle.

Otro barbarismo en el expediente fue que a pesar de que Eduardo Rivera ingresó dinero a la Tesorería por el cobro a comercios, se le pedía una copia de cada recibo expedido.

En su momento, la diputada y líder perredista argumentó que todos los yerros legales estaban en el dictamen, pero que sus compañeros diputados no lo leyeron, ya que si lo hubieran hecho votarían en contra, y aclaró que no defendía a Eduardo Rivera, sino la legalidad y el estado de derecho que fue vulnerado.

Pablo Montiel del PAN, quien no pudo votar por haber sido funcionario del anterior ayuntamiento, exhibió a la Auditoría Superior del Estado, al precisar que se violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que auditaron recursos federales fuera de sus facultades.

Montiel Solana precisó que la Auditoría Superior del Estado carece de competencia constitucional para fiscalizar recursos federales, y lo realizó, mientras el Congreso del Estado carece de la misma competencia para pronunciarse respecto de cuentas pública con recursos federales.

Sobra decir que todo esto fue desdeñado, por lo que se ordenó la inhabilitación y la multa en contra de Rivera Pérez.

Me faltarían hojas del periódico para enumerar las muchas irregularidades que se cometieron, pero que por tratarse de un capricho del entonces Señor de Los Cerros, se tuvieron que tragar los levanta dedos poblanos.

Ahora hay que ver quién da la cara para decirle a su hoy candidato “usted disculpe Señor Rivera, nos equivocamos”.