En las próximas horas la eficacia y capacidad de reacción del aparato de seguridad estará a prueba con la Consulta Nacional sobre el destino en el que será construido el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México convocada por Andrés Manuel López Obrador y que rompe con esquemas tradicionales en la toma de decisiones en materia de política pública en el país.
En al menos 10 de los 25 municipios en donde los organizadores decidieron instalar mesas receptoras de votos para determinar la construcción de la terminal aeroportuaria, en Texcoco o Santa Lucía, la presencia de grupos criminales ha dominado la agenda de los últimos años.
Chalchicomula de Sesma, Tepeaca, Acatzingo, Amozoc, Coronango, Huejotzingo, Cuautlancingo, Quecholac, Tehuacán, San Martín Texmelucan y en las últimas semanas, la capital de Puebla. La línea de tiempo en espacios de nota roja de diarios locales ofrece claramente un nuevo mapa delincuencial.
El triángulo rojo, como se bautizó a ese conjunto de municipios en donde emergió con más fuerza agrupaciones delictivas que se disputaron el control del huachicol se extendió hasta la zona de Texmelucan y la zona metropolitana de Puebla.
La reconfiguración del mapa delincuencial alcanzó áreas que antes parecían estar ajenas a la influencia de siniestros personajes como el Bukanas, El Toñín, El comandante 30 o El Loco Téllez y los sucedáneos en la línea de mando, a quienes se les ha atribuido en buena medida el reguero de sangre por el control de la lucrativa plaza que supone el robo y trasiego de combustibles de los ductos de Petróleos Mexicanos.
Aunque reportes oficiales de la administración estatal indican que han sido decomisados 8 millones 800 mil litros de combustibles y presentados más de 900 involucrados, responsables de la ordeña furtiva, el huachicol es un monstruo de mil cabezas que no conoce saciedad alguna.
Los responsables de llevar las mesas receptoras de los votos que recogerán el sentir ciudadano sobre la terminal aeroportuaria en estas demarcaciones municipales ocurre en un contexto de violencia desatada y una sospecha generalizada en la vasta zona controlada por huachicoleros, secuestradores, asaltantes o narcotraficantes respecto de figuras ajenas al microcosmos local.
El aparato de inteligencia que alimenta el tablero de control en la Secretaría General de Gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano tiene el enorme reto de contribuir a observar con detenimiento cualquier gesto de asomo violento contra organizadores de la consulta nacional del equipo de transición del presidente electo. Una falla en el complejo mecanismo de alertamiento podría ofrecer un saldo negativo para todos en el momento menos oportuno por la coyuntura.
Eventuales actos de violencia podrían colocar a Puebla en una dimensión distinta en medio del proceso de transición de poderes que entorpecería canales de entendimiento que existen entre el equipo de López Obrador con el gobernador Tony Gali, lo que no ha podido conseguir el antecesor, el impresentable Rafael Moreno Valle.
