Por una razón entendible el diputado de Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado ha ocupado las últimas 48 horas a desestimar las versiones que apuntan a un daño patrimonial con los recursos que fueron destinados a reconstruir los daños provocados por los sismos de septiembre de 2017.

En los últimos dos días el legislador se ha ocupado de etiquetar sus argumentaciones a través de redes sociales a quienes debe suponer, forman parte de una conjura política para restarle rentabilidad electoral.

Digo que es entendible sobre todo después de que se han encontrado indicios de esa falta de asepsia en el uso del dinero público que ya fue confirmado incluso por el gobernador Miguel Barbosa, en el contexto de la visita del titular de Bienestar, Román Meyer.

Islas Maldonado debe suponer que el agua le llega al cuello, literal. Sin manto protector debe sudar frío desde hace semanas que sabía lo que se avecinaba con la efeméride del #19S.

Lo que no es entendible es la postura pública del diputado del Partido Acción Nacional, Oswaldo Jiménez a quien le pareció que hay una acusación sin fundamento sobre el probable desvío de 100 millones de pesos del dinero para atender imponderables dejados por el temblor de hace dos años.

Como Fiscal (sic) demandó pruebas sobre una indagatoria para la que legalmente no tiene atribuciones jurídicas ni políticas. Tendrá que sentarse a esperar.

Escurridizo como es, Islas Maldonado negará admitir que desde hace meses tuvo un plazo de gracia para reintegrar el dinero faltante, que el propio funcionario incumplió. Los datos están en poder del columnista: fechas lugares, y testimonios de testigos. En la trama existen más nombres.

La indagatoria comenzó mucho antes de que la #4T llegara al poder. Por eso sorprende la candidez política de un panista de quién se debe reconocer congruencia y sensatez como Jiménez.

Defender causas como la que ha llenado la discusión pública tiene sus riesgos, sobre todo cuando se trata de una investigación que abarca las últimas tres administraciones: la de Martha Erika Alonso (EPD); el interinato de Guillermo Pacheco Pulido; y la de Miguel Barbosa.

El diputado Gerardo Islas podrá responsabilizar al gobierno federal, a los organismos empresariales que aportaron para la causa o a la figura que más tenga a mano.

El periodo de gracia corre. Ya comenzó a repartir culpas, ha litigado en medios y también en redes. La probabilidad de su responsabilidad es trabajo de la autoridad y la suerte está echada: cárcel o inhabilitación.

Ya se verá.