La incontinencia verbal de personajes como Arturo Loyola González, un perredista que se benefició ampliamente de los regímenes del Partido Acción Nacional en Puebla, está por tirar los acuerdos para que los concesionarios de transporte público puedan obtener la nueva tarifa al costo del boleto de transporte público.
De paso terminó por desmentir la versión pública de la presidenta del Partido Acción Nacional, Genoveva Huerta Villegas y sus aliados que han sostenido una media verdad, al asegurar que la tarifa al costo del transporte público se mantuvo durante los mandatos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali para ayudar a la economía del usuario.
Con una redacción propia de un lego, escribió que “durante nueve años las autoridades en por lo menos cinco ocasiones todas documentadas; han evadido su responsabilidad en su dimensión económica y social. Durante todo ese tiempo ha sido, y sigue siendo, un problema sin resolver y por ende un deber no cumplido de la autoridad”.
El viernes que Loyola González, a quien en círculos políticos se le conoce con el innoble apodo de El Sapo, fue reprendido públicamente por el gobernador Miguel Barbosa, el aludido envió un comunicado que terminó por echar más fuego a la hoguera.
“Aclaración pertinente a una interpretación incorrecta”, fue la respuesta en el que planteó que “el problema del transporte se le daría solución después del proceso electoral extraordinario del 1 de junio del presente año a fin de no enrarecer el ambiente político se evitaría hablar del tema hasta pasada la elección (sic)”.
Los puntos suspensivos que siguen vigentes para anunciar finalmente el nuevo costo de la tarifa tiene para este personaje de obvia estirpe morenovallista una lógica política cuando cuestiona las razones para no hacerla pública aún: ¿En verdad esta fue la razón para una evasiva más?
Y añadió una interrogante más que alcanzó a Andrés Manuel López Obrador, que estará el próximo viernes en Puebla para encabezar la mesa de seguridad: ¿O se trata, otra vez, como ya se dijo de razones políticas —no anunciar el incremento a la tarifa de transporte público—, en virtud de la próxima visita a Puebla del señor presidente de la República?
Huidizo como es, se desdijo de declaraciones sobre montos de incremento a transporte público que, en efecto, están documentadas desde el 28 de agosto y que adelantaba como nueva tarifa nueve pesos.
“Supongamos que sea de siete pesos, no resuelven absolutamente nada como para que los concesionarios puedan cumplir (...), si son ocho pesos posiblemente en lo que respecta a las unidades de menor capacidad, si son nueve pesos, bueno, absorberían los propios concesionarios el compromiso directo”, se escucha en un audio que circula en redes de Parabólica.
“Quien lo dijo fue Arturo Loyola, porque siempre quiere pasar o por valiente o por comunicador”, definió Barbosa en una declaración a medios y remató: “hay un acuerdo que está construido, pero quien no quiera contribuir a un acuerdo, no pasa nada”.
La destrucción de los consensos alcanzados para que los concesionarios de transporte público tengan una nueva tarifa tras nueve años de incumplimiento de gobiernos pasados que evadieron el tema para evitar pagar facturas políticas, tiene nombre, apellido y apodo: Arturo Loyola González, El Sapo
