Mientras la sociedad exige un alto a la violencia, hay funcionarias que parecieran disfrutar e incluso alentar a quienes la han provocado con el pretexto de exigir la despenalización del aborto, en otras palabras, el legítimo movimiento ha llegado al radicalismo.

Hoy traigo a cuentas el caso de Catalina Pérez Osorio, secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género del Ayuntamiento de Puebla (SISG).

Le cuento que la dependencia a cargo de Pérez Osorio emitió un posicionamiento ante las pintas, destrozos y quemas que se realizaron el pasado sábado 28 de septiembre, cuando se exigió en las calles que los congresos locales despenalicen ya, el aborto.

 

 

En el pronunciamiento oficial que fue compartido en sus redes sociales, la SISG pide que no se criminalice a las mujeres –y hombres- que destruyeron y grafitearon las paredes de inmuebles históricos o negocios.

Así como usted lo lee, con frases como: “nuestras vidas valen más que los muros”, Catalina Pérez sostiene que es necesario tolerar que un puñado de personas destrocen, rayonee y hasta quemen las fachadas de negocios, puertas de hoteles, cajeros automáticos, librerías, inmuebles históricos, monumentos o cualquier mobiliario urbano que se les atraviese a las y los manifestantes.

Claro está, faltaba menos, que a quienes se les observe como responsables de estas acciones que rayan en lo vandálico, no se les criminalice, que no haya consecuencias de sus actos. 

El cuerpo del texto de por sí ya enciende las alarmas, sin embargo el final es preocupante. La misiva es sellada con dos hashtag que pretenden legalizar el vandalismo de las protestas.

El primero #NiUnaMás que tiene una connotación y un origen en el tema de los feminicidios, mismos que enérgicamente reprobamos pero que se trata de un tópico diferente.

La segunda etiqueta es #SiTocanAUnaRespondemosTodas en este caso, la protesta surgió hace tres años, en 2016, cuando cuatro adolescentes, hijos de importantes empresarios y políticos, confesaron haber abusado sexualmente de una jovencita en Boca de Río, Veracruz, un año antes, en enero de 2015.

A Catalina Pérez Osorio, se le olvidó que es funcionaria pública, que en esa igualdad debe apoyar tanto a mujeres como hombres. En un caso extremo podríamos presumir que está desviando recursos públicos para promover un punto de vista personal, cuando su papel es resolver los conflictos por la vía del diálogo, que se avance en la lucha por esa igualdad, que dista mucho del feminismo radical.

Bien haría la funcionaria en retomar las enseñanzas de su maestra, la doctora Marcela Lagarde, quien hace 30 años participaba como académica en la Universidad Autónoma de Puebla, una feminista reconocida a nivel nacional e internacional, quien ha cuestionado los radicalismos.

El injusto ataque a CDMX

Precisamente la condena por los hechos del sábado que hace un amplio sector de la sociedad es por el radicalismo mostrado tanto en Puebla como en otros estados, donde también hubo violencia en contra de las mujeres.

En la Ciudad de México, por ejemplo, incendiaron la puerta de la Cámara de Comercio y sin medir las posibles consecuencias incluso rociaron con gasolina a las policías –mujeres- que intentaban extinguir el fuego.

Las protestas con aerosol verde, petardos y otras linduras son difíciles de justificar cuando se nos dice que el motivo es la despenalización del aborto y lo es porque precisamente la CDMX tiene 12 años siendo un espacio no sólo de libertad reproductiva, el Distrito Federal también es sinónimo de hospitales y clínicas donde miles de mujeres de distintas entidades han encontrado información e instalaciones limpias y hasta gratuitas para hacer valer su derecho.

El tema del aborto ya está en el Congreso local y aunque por el momento Morena y sus diputados quieran hacerlo a un lado, la iniciativa federal que exigirá precisamente la despenalización del aborto en todos los estados, los obligará a tomar el toro por los cuernos. 

Sin duda se trata de un asunto social con muchos puntos de vista, en los cuales podemos o no coincidir, pero la exigencia no debe aprovecharse para que se fomente la violencia y menos que sean las propias funcionarias quienes la fomenten.