Despejada la duda sobre la permanencia de Víctor Carrancá Bourget en la Fiscalía General del Estado, una duda queda aún: ¿la notaría que se le entregó como premio a su obsequiosa conducta en el sexenio del fallecido Rafael Moreno Valle, también la va a devolver?
No se debe pasar por alto que el funcionario que llegó en los inicios del primer sexenio de alternancia panista en el estado, fue el responsable de la fabricación de delitos para perseguir y castigar con cárcel a quienes se oponían a la forma de ejercer el poder en ese periodo convulso.
Incapaz de actuar por iniciativa propia, de manera oficiosa, regateó la actuación de los agentes del Ministerio Público en periodos oprobiosos como el de la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie, en Chalchihuapan.
Ya se ha documentado que cuando la tragedia, Carrancá ni siquiera estuvo en Puebla. Una guardia montada en la oficina principal del edificio del Bulevar 5 de Mayo y 31 Oriente sorteó enormes dificultades para encontrar al funcionario viajero, en algún punto de Alaska, de vacaciones.
La tragedia no llegó sola. El recorte al gasto público para ocupar el dinero público en otras prioridades obligó al cierre de las agencias del ministerio público en todo el territorio, lo que alentó la impunidad pues el colapso de la institución trajo como consecuencia el incremento delictivo que aún a estas fechas la sociedad entera parece.
Hace algunas semanas Carrancá Bourget buscó al Consejero Jurídico, Ricardo Velázquez, para pactar una salida negociada. No tuvo la respuesta que buscaba. El periodo en que nadie le negaba una llamada, un favor o sugerencia había cambiado.
Acostumbrado al periodo en el que se pactaba por debajo de le mesa, o en lo oscurito, Víctor Carrancá recibió una oferta que parecía difícil de rechazar: al término del periodo sexenal una de las notarías que serían repartidas entre un grupo de incondicionales al régimen sería para él.
Era el bono de retiro tras los servicios prestados a un grupo político que así compraba silencios y complicidades. No aparecería desde luego el nombre en la lista de los beneficiarios de tal medida, sino la de interpósita persona: Fernando Rosales Solis, el ex mando de la PGR-FGE que tuvo un periodo fugaz en la Secretaría de Seguridad Pública.
¿De verdad Carrancá renunció a todos sus privilegios?
