Por: Humberto Aguilar Coronado*
En los últimos días hemos sido testigos de una discusión pública que intensifica la polarización y la consolida como el medio ambiente natural del quehacer político en nuestra Puebla.
Los trabajos de fiscalización que la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha iniciado a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) generaron reacciones encontradas entre diversos sectores de la sociedad.
En unos cuantos días escuchamos bandos defensores de la autonomía universitaria y bandos defensores de la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Si revisamos el marco constitucional y legal de las auditorías dirigidas a las instituciones de educación universitaria en México, y particularmente en Puebla, tendremos que confesarnos sorprendidos y extrañados por el tono y los motivos de la discusión pública.
La fracción I del artículo 113 de la Constitución Política de Puebla es clara al disponer que los organismos autónomos que, por cualquier motivo, manejen o ejerzan recursos públicos de la hacienda estatal o municipal pueden ser objeto de las revisiones y/o fiscalizaciones de la ASE.
En estas condiciones, la autonomía de la BUAP no puede verse afectada por la práctica de procesos de fiscalización sobre los recursos estatales que dicha institución de educación pública maneje.
Luego, es evidente que las reacciones que hemos presenciado, en las que el propio Gobernador del Estado ha tomado partido, esconden una realidad que, por el bien de la convivencia política en el Estado, debe ser ventilada, arrancada de raíz y descartada como forma de presión política en nuestro Estado.
En el fondo, la discusión relevante para la vida pública poblana es que podamos estar seguros de que la mayoría en el Congreso del Estado y el propio Gobernador están utilizando las herramientas de poder de que disponen para doblegar a sus adversarios.
Todos sabemos que a lo largo de nuestra historia los gobernantes han utilizado las instituciones de procuración de justicia y de fiscalización de los recursos públicos como arma política.
Los gobiernos de MORENA, tanto a nivel federal como estatal, mostraron muy pronto que en ese aspecto no tenían ninguna intención de cambiar los tradicionales comportamientos de los gobernantes en México.
Los ejemplos sobran: prisiones preventivas de dudoso sustento legal ordenadas por jueces que son parientes cercanos de enemigos políticos de la imputada; la silenciosa partida de dirigentes sindicales, que confirman el arreglo en lo oscurito con el gobierno; una renuncia francamente inconstitucional que modificó la composición del máximo tribunal de la Nación lograda mediante expresiones mediáticas originadas en una poderosa oficina de Hacienda que, según afirma el propio Presidente de México, recibe órdenes directas de él mismo.
Para combatir el uso de estas instituciones como armas de exterminio político, durante muchos años dimos una intensa pelea por lograr su plena autonomía.
Alcanzamos reformas constitucionales y legales que permitían que los Fiscales y los Auditores de la Federación y de todas las entidades federativas pudieran gozar de plena autonomía gracias a su desvinculación con los gobiernos en turno. Los cobardes ataques que Ricardo Anaya sufrió durante la última campaña presidencial, y la vergonzosa explicación al concluir el proceso, parecían los últimos estertores de la falta de autonomía en procuración de justicia. Hoy vemos que esa fue una vana ilusión.
Por estas razones es por lo que estoy convencido de que la autonomía por la que debemos dar la pelea en el tema de la BUAP es la de la ASE.
No podemos permitir que tome forma la menor sospecha de que el auditor está actuando por consigna. Todos los poblanos debemos convertirnos en garantes de que los ejercicios de fiscalización que se realicen en la BUAP tienen que cumplir escrupulosamente con las normas legales que las sustentan y que no pueden rebasar límites de sus competencias o facultades.
Todos los poblanos debemos exigir que los trabajos del auditor no sean utilizados para provocar filtraciones dolosas a la prensa con los que se intente desacreditar a funcionarios de la BUAP.
En la defensa de la legalidad de esas auditorías nos jugamos en Puebla la vigencia de las fortalezas institucionales que hemos construido y que, estoy seguro, no queremos perder en manos de gobiernos faltos de escrúpulos legales y políticos.
*Es Politólogo y Maestro en Negociación y resolución de conflictos por la Universidad Carlos III de Madrid.