El 2 de febrero dos personas perdieron la vida en una riña con armas de fuego en el bar La Caza, localizado en Zavaleta y propiedad del mismo empresario de giros negros, a quien también pertenece el Royal, en el bulevar norte.

Cuatro semanas después un hecho de sangre se registró en el Candy Club, en Santiago Momoxpan, en Cholula. Un acomodador de autos fue ejecutado con armas de fuego desde un auto en movimiento.

La ejecución de este personaje a quien se le vincula con una red de distribución de estupefacientes, ocurrió a unas horas de la puesta en marcha del operativo ‘Corredor Seguro’ en el que participan distintas corporaciones federales, estatales y municipales.

Hasta ahora no se puede establecer un vínculo entre uno y otro caso, pero hay un contexto que propicia la existencia de giros negros desde donde se puede encontrar todo tipo de productos y servicios para un nicho de consumo que para su abastecimiento recurre siempre al mercado negro.

En uno y otro de estos establecimientos existe un amplio catálogo de productos como la prostitución, a través de la trata de persona; el narcomenudeo, del que habitualmente ofrece el acomodador de autos, el encargado de la puerta (cadenero), o el capitán de meseros.

No es nuevo que en ese pequeño pero influyente microcosmos se encuentre toda esa actividad comercial al margen de la ley. Lo que llama la atención es que el mercado negro no sólo no se haya terminado con la llegada de la Cuarta Transformación y su prédica por la asepsia y moral pública, sino que se haya disparado.

En Puebla capital con Claudia Rivera al frente, hay un claro ejemplo de una doble moral. Se castiga con severidad a unos, pero se es notoriamente permisivo con otros. La ley y gracia para unos y la ley a secas para otros.

Esa conducta que será expuesta con ejemplos, despierta una pregunta que requiere de respuesta puntual: ¿Quién protege la proliferación de giros negros que operan desde el medio día sin que reciba amonestación, castigo o llamado de atención de la autoridad municipal?

En un gesto inusual, el jueves 6 de febrero el secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo “lamentó” a través de la cuenta de Twitter oficial la zarandeada que un abusivo grupo de trabajadores de Vía Pública dio a una vendedora callejera que despertó ira en redes sociales.

“La comerciante carecía de permiso, sin embargo, en los videos que circulan en redes y en los propios videos del Departamento de Vía Pública (...) se aprecia que el número de elementos excedía los necesarios para esa diligencia...”

La mano de hierro para vendedores callejeros, pero el terso trato de la simulación para quienes operan desde la clandestinidad y que han propiciado el clima de inseguridad en la capital y zona metropolitana con la clara complacencia de jefes de sector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal, Normatividad y Vía Pública.

En esa condición operan sitios como el Royals, Angels (16 de Septiembre y 33 Sur), Caza (Zavaleta) y Las Cotorras (frente a Plaza Crystal), sitios en los que se puede comprar de todo desde las 13:00 horas hasta las 7:00 ú 8:00 horas del día siguiente: mujeres (incluso procedentes de otros países), alcohol, cocaína, cristal o tachas.

Existe una auténtica patente de corso para que empresarios de giros negros, cuya identidad está en reserva, operen estas casas de prostitución desde que el reloj marca el meridiano hasta el amanecer sin que nadie los perturbe.

¿Quién y desde dónde se extendió ese documento protector? 

La respuesta debe tenerla Sánchez Galindo, el funcionario municipal que ha sido incapaz de ofrecer una explicación coherente sobre las causas que han dado origen para que el Centro Histórico de Puebla se haya convertido en un muladar.

Desde la llegada de este gobierno han proliferado lupanares desde donde ahora se exhibe impunidad y muerte.