El caso del mando policiaco de San Martín Texmelucan acusado de secuestro en 2011 es apenas una muestra de la forma de cómo es que la corrupción e impunidad se metió hasta la médula en la administración pública.

Hay otras piezas probatorias que faltan por exhibir. Por ejemplo, la conducta sospechosa de los funcionarios que despacharon en la Auditoría Superior del Estado en el pasado reciente, como la tiene del caso del ex presidente municipal de San Martín Texmelucan, Noé Peñaloza Hernández.

El ex edil que llegó al cargo bajo las siglas del Partido Nueva Alianza, tras abandonar su militancia en el Partido Revolucionario Institucional había sido inhabilitado para ocupar un cargo público por 12 años, luego de verse impedido para comprobar 87 millones de pesos en una gestión que abarcó de 2008 a 2011.

En la mañana del 23 de enero de este año, sin que mediara aviso y casi por debajo de la puerta los legisladores decidieron “perdonar” esa sanción, sin que nadie advirtiera lo que sucedía y mucho menos las razones de una decisión de esa magnitud, que hasta entonces parecía desmesurada.

El ex edil recibió en 2017 una oferta de perdón y olvido si es que hacía trabajo político en favor de los candidatos del PAN de entonces. Todo indica que se le cumplió y de ello debe saber un operador de los sótanos del régimen aquel: Fernando Morales Martínez, ahora anclado en el Movimiento Ciudadano.

El caso Peñaloza, como el de otros 67 sujetos obligados que incumplieron con el uso de dinero público y por los cuales se presentaron denuncias, extrañamente se fueron cayendo cuando Adalberto Segovia Blumenkron despachaba como interino, tras la salida del morenovallista David Villanueva.

Un documento en poder del autor de la Parabólica establece que de las 67 denuncias formuladas y presentadas, 46 fueron impugnadas ante el Juez de Control en 2019; pero además, ya en este 2020, seis más fueron combatidas y vencidas con el mismo mecanismo.

El caso de las 67 denuncias siguió un camino parecido al del ex presidente municipal de Texmelucan “perdonado”: la omisión de una auditoría complaciente con quienes desde diversos cargos públicos vulneraron la ley.

Peñaloza Hernández no tuvo que hacer más que esperar plácidamente a que el periodo para ser juzgado prescribiera ante la sospechosa inmovilidad Segovia Blumenkron, personero de Villanueva Lomelí, quien para efectos se había convertido en otro de los brazos políticos del oprobioso régimen panista.

Mucho trabajo tendrá el auditor Francisco Romero Serrano que deberá hurgar en cada uno de los colaboradores que tiene en áreas clave de esa dependencia. Históricamente se ha tenido una conducta sospechosa pues se trafica con información y se comercia con cuentas públicas de los sujetos de escrutinio a cambio de millones de pesos.

No vaya a ser que alguno de los funcionarios medios de pronto, vaya a conseguir financiamiento para vacacionar hasta por tres semanas en París, como sucedió exactamente con Segovia Blumenkron cuando vio frustrada su intención de quedarse como titular de la Auditoría.

Que conste.