La detención y posterior destitución del director de seguridad pública de San Martín Texmelucan, Luis Francisco Bustamante Flores, deja al descubierto la podredumbre y el poco rigor que existe en las corporaciones policiacas municipales.

Siguiendo los dichos del presidente Andrés Manuel sobre que la corrupción se barre como las escaleras, “de arriba para abajo”,  sería imperante que en todos los Ayuntamientos los directores y altos mandos de las corporaciones policiacas aprobaran sus exámenes de confianza.

Resulta inexplicable que un sujeto acusado por presuntamente participar en el delito de secuestro, fuera el hombre encargado de la seguridad pública en uno de los municipios más importantes de Puebla, casi tan kafkiano como el videomensaje, de la alcaldesa morenista Norma Layón informando la destitución de Bustamante Flores, horas después de que éste ya se encontraba ingresado en el Cereso de Cholula. 

El caso de Texmelucan no es el único donde mandos policiacos son descubiertos por sus nexos delincuenciales, durante el morenovallismo y bajo la tutela de Facundo Rosas, dos ex mandos policíacos Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano fueron detenidos por militares cuando transportaban huachicol robado.   

Debido a las experiencias actuales e históricas en Puebla se debe comenzar con la aplicación de las pruebas de confianza en los mandos y que no exista ningún secretario o secretaria de seguridad pública municipal en Puebla que carezca de estas certificaciones. Si no aprueban los exámenes simplemente no son aptos para cargos tan delicados.

La Fiscalía y la rifa del Tigre

En víspera de conocer la terna que envíe el gobernador Miguel Barbosa al Congreso del estado para elegir al próximo o a la próxima fiscal general del estado, el feminicidio de Ingrid Escamilla apremia las labores en una de las dependencias que más reclamos tiene.

Las quejas por el “tortuguismo” para presentar una denuncia, el retraso en las pesquisas, la falta de compromiso por parte de los agentes ministeriales o los “carpetazos” a las CDI (Carpetas de Investigación), son constantes entre las víctimas de algún delito en Puebla, de ahí que la próxima o el próximo fiscal obtengan el boleto premiado para la rifa del Tigre.

Independientemente de la discusión federal para eliminar o no el feminicidio como un delito, el asesinato de mujeres poblanas continúa como una de las tareas más urgentes por atender.

Los retos para la persona que encabece la Fiscalía son mayúsculos y habrá que ver si realmente se le quiere entrar de lleno a la transformación de la dependencia, atendiendo las dolencias que ese monstruo presenta.

Ahí están la falta de personal, de agentes ministeriales, de infraestructura, de capacitación, la implementación de pruebas de confianza, el uso de tecnología de punta, transparentar el gasto público y sobre todo, la urgencia de la sensibilización del personal que trabaja en todas y cada una de las áreas de la FGE para que comprendan que su servicio público, es indispensable en la cadena de justicia, para garantizar la reparación del daño a las víctimas y la justa sanción a los delincuentes.

Mantener la Alerta de Género y la tipificación de los homicidios de mujeres en Puebla, no lograrán por si solos, terminar con los feminicidios.