El maridaje entre el gobierno de Puebla y la organización delictiva de "La Letra", o “Los Zeta", se fracturó a la salida de Ardelio Vargas Fosado, en enero del 2013, de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSPE). Bastaron sólo unos meses para que la violencia regresara en violentas ejecuciones, levantones, además de desapariciones forzadas.

Fue a mitad del año 2013, cuando en la población de San Antonio Cacalotepec, del municipio de San Andrés Cholula, fue ejecutado José Nava Romero, líder de la organización delictiva "Los Rojos", a manos, se dijo, aunque no se probó, de miembros del grupo de "La letra", porque los primeros, quienes fueron brazo armado del cártel de "Los Beltrán Leyva", se estaban moviendo en Puebla, supuestamente comprada por los segundos.

Fue en ese mismo mes cuando noticias a nivel nacional, los de "La Letra", colocaron narcomantas en Puebla, Veracruz y el Estado de México, donde acusaban al gobierno de Rafael Moreno Valle del baño de sangre que había en Puebla, además de que lo amenazaron para que "respetara los acuerdos", ya que esa plaza ya se había comprado y esta se había vendido por segunda vez.

Para ese momento la SSPE estaba en manos de Facundo Rosas Rosas, señalado por Edgar Valdez Villareal (a) "La Barbie", de recibir portafolios con dinero que iban a parar a Genaro García Luna, en ese entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, como presidente de la República.

Las narcomantas fueron colocadas en el municipio de Perote, en el puente federal que cruza la carretera federal Puebla-Veracruz, dos en la autopista México-Puebla, a la altura del Municipio de Chalco, la última en el puente peatonal que cruza la Calzada a Zaragoza, además de que en un negocio de venta de pollos, en el zócalo de Puebla, dejaron abandonada una granada de fragmentación, sin detonar, que tenía enrollado un panel donde estaba escrito lo mismo que en las mantas, que "se respetaran los acuerdos", que debieron haber sido pactados a la llegada del gobierno estatal panista.

Para ese momento Ardelio Vargas Fosado era el director del Instituto Nacional de Migración (INM), en la administración de Enrique Peña Nieto, presidente de la República por el PRI, cargo que le duró hasta junio del 2019, donde fue invitado a renunciar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que calificó a la dependencia federal como la más corrupta de toda esa administración, dando de baja a 500 de sus elementos, entre estos a Carla Morales, quien era la delegada en Puebla, además de que antes ocupó otros cargos, con la misma recomendación de su jefe Ardelio.

Carla Morales, podría ser en cualquier momento la titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), para que Ardelio Vargas, desde su oficina de asesor, se encargue del control de la Seguridad Pública de Puebla, por lo menos en 6 municipios, donde en la mayoría de estos se libran guerras entre pandillas para el control en el robo de hidrocarburos, narcomenudeo, extorsión, robo de vehículos a transporte y otros delitos considerados de alto Impacto.

La intención del gobierno de Puebla, para regresar la tranquilidad a los poblanos es realizar una limpia a los cuerpos de seguridad que se han visto implicados en protección a grupos delictivos.

Ardelio Vargas está de regreso.

Nos vemos cuando nos veamos