Ayer la Comisión de Educación en el Congreso local, aprobó una reforma a la Ley de Educación del Estado de Puebla, que es la armonización con la legislación federal, es decir con la ley que AMLO promulgó. La propuesta pretende hacerse del control de las instituciones educativas públicas y privadas, poniendo a todas en el llamado Sistema Nacional de Educación.

Si se analiza el documento se ve el afán burocrático para presionar a las instituciones privadas, llámense escuelas del nivel básico o universidades. De aprobarse en los términos actuales, los diputados permitirán que en casos extremos –como la pandemia que atravesamos- el presidente de la República sea el “Gran Señor Rector” y que cuente con las atribuciones necesarias para regular las colegiaturas y ya sabemos que buscará gratuidad total, olvidando que las instituciones privadas muchas veces superar la calidad académica que brinda el Estado.

Pero los sumisos diputados locales no quisieron escuchar a los rectores de grandes instituciones y en lugar de ello aprobaron en una sesión la armonización federal. Sobra decir que la iniciativa planteada es un copy-paste de la versión federal por lo cual lagunas legales e imprecisiones sobran.

Lo único que los levantadedos, perdón, los legisladores pudieron hacer fue un mal intento para justificar la reforma, señalando que la armonización es lo máximo, aunque en el artículo 105 quede abierta la puerta para que en un momento de locura, como los que acostumbra tener Andrés Manuel anuncie la estatización de la educación, amparado en que todas las instituciones forman parte del Sistema Nacional de Educación.

Hagamos un poco de historia, de 1921 a 1924, José Vasconcelos, coordinó la gran reforma educativa para sacar del analfabetismo a los mexicanos, ya que al menos 80 por ciento no sabía leer ni escribir.

Se impulsó la escuela pública, pero el estadista no minimizó la educación que se impartía en los colegios de inspiración religiosa, sólo se les aclaró que la instrucción básica debía ser laica.

Después vino el gobierno de Plutarco Elías Calles con dos secretarios de Educación, José Manuel Puig Casauranc y Moisés Sáenz; estableció bibliotecas ambulantes, implantó el nivel de secundaria, reorganizó las misiones culturales y las escuelas rurales, los talleres técnicos e industriales.

Esas si fueron reformas educativas de gran calado, pero en éstos momentos no vemos más que ferias del libro de Paco Ignacio Taibo en un intento para fomentar la lectura, pero realmente es un reducido número de mexicanos el que tiene acceso a la instrucción de calidad.

No estamos viendo que se retome la educación tecnológica industrial para que los jóvenes tengan una manera de salir adelante sin tener que convertirse en “ninis” que sobreviven con becas. Se podría comenzar una reforma educativa logrando que nuestros jóvenes salgan de la secundaria o bachillerato con un oficio alterno como ocurría hace algunos años, y ponemos de ejemplo a la Prevocacional, así como la ETI 17.

O ya de pérdida, que los adolescentes sepan leer y escribir al concluir la primaria, es decir que haya estándares de calidad y en caso de no alcanzar los conocimientos, repitan el ciclo.

El haber señalado a dos personajes de hace un siglo, nos permite comparar y asegurar que Esteban Moctezuma no tiene ni idea de lo que la educación en México necesita, y nunca le llegará ni a los talones a José Vasconcelos.

Mientras de presidente a presidente, recordamos que Plutarco Elías Calles se declaró socialista, tuvo un gran maestro, el hindú Nath Roy Manabendra, y siguiendo sus enseñanzas entregó los recursos necesarios para el arranque y la operación de las escuelas rurales.

El general fundó un partido, al principio de izquierda, y posteriormente se adaptó a las circunstancias. El PRI instauró las instituciones mexicanas pero su modelo se agotó después de 85 años. Sin embargo, López Obrador fundó un partido que “mandó al diablo las instituciones” y en menos de un sexenio se agota, pues no ha tenido una verdadera ideología: sólo un mesías.

El riesgo de un retroceso en la educación es latente y los afectados serán las nuevas generaciones, pero eso no lo ven o no lo quieren entender nuestros flamantes diputados.