La defensa de parte de la legisladora del PAN Verónica Sobrado, por la inocencia del notario número 9 en Tehuacán, Jorge López Cuevas, es asunto de familia: el acusado de haber entregado documentos falsos es su cuñado, hermano de otro panista cuyo mayor fulgor ocurrió como fugaz secretario general del Comité Directivo Estatal, Javier López Cuevas, esposo de la legisladora.

Por ello resulta poco probable que la acusación que hace la diputada por una presunta venganza política en contra del aún notario tenga una dosis de razón. Desde el dolor comprensible de familia suele perderse razón y objetividad.

El equilibrio y congruencia no son ropajes que vistan la actividad pública de la diputada Sobrado; ni ahora ni en el pasado, y de ello existen muestras documentales.

En la vigésima sesión ordinaria de la Comisión Permanente Estatal del PAN en enero de 2018, el dirigente en turno Jesús Giles Carmona presentó al marido de ésta como secretario general, a la salida de Martha Erika Alonso Hidalgo que ya se enfilaba a la candidatura al gobierno estatal.

Giles Carmona había presumido en esa ocasión que “el PAN se encuentra más fuerte que nunca, sin duda el trabajo desempeñado por Martha Erika Alonso a lo largo de estos dos años de militancia (...) han marcado un antes y un después”.

Nadie podía imaginar que el sucesor de quien luego sería defensora de los derechos de la mujer y la equidad de género como candidata al gobierno, cometería uno de los actos de violencia de género más evidentes en la antesala electoral de ese mismo año.

En una conversación telefónica con José Margarito Habana Flores, aspirante a la candidatura del PAN a Teotlalco en la mixteca, el secretario general panista delineó el mecanismo para burlar la paridad de género en la contienda, en detrimento de una larga e histórica lucha de la mujer por conseguir espacios que siempre le fueron regateados.

Entre otras instrucciones, insta a Habana Flores a reclutar como candidata a una mujer “de muy bajo perfil, sólo para cumplir el requisito” de la paridad del Instituto Nacional Electoral. En alguna parte de esa conversación filtrada a medios dice, “de esas (mujeres) que casi no existen”.

La esposa del secretario general, ahora legisladora del PAN e integrante de la Comisión de Igualdad de Género, ex titular del Instituto Poblano de la Mujer desde 2013 decidió guardar silencio cómplice en ese penoso episodio.

Casi dos meses después el grupo político que dominaba la escena con Rafael Moreno Valle a la cabeza decidió hacer renunciar al imprudente funcionario partidista pues su permanencia en el cargo era prueba contumaz de machismo y violencia política en razón de género y en consecuencia, oro molido para la oposición.

El notario a quien defiende la legisladora y detenido por supuesta falsificación de documentos ya había sido señalado por esa misma práctica, sólo que el momento y circunstancia eran otros y eso parecen en aún no entenderlo, no sólo legos en la escena política, sino los iniciados mismos.