El fuero del cual gozan hoy los diputados fue concebido en el siglo pasado, como una protección para que éstos pudieran expresarse en tribuna sin miedo a ser perseguidos por sus declaraciones.

En esos años se mantenía la presunción de que los legisladores eran representantes de los intereses de sus votantes y por lo tanto llevarían ante el congreso las denuncias, quejas y solicitudes de sus representados.

Hoy las cosas han cambiado mucho. De entrada, difícilmente algún legislador es detenido por opinar o quejarse en las tribunas, por lo cual esta figura de protección, que también dio pie al abuso, es obsoleta.

La necesaria y urgente eliminación del fuero que gozan en Puebla los diputados, el gobernador, el auditor y los magistrados; se analizaría este lunes en comisiones y se votaría en el pleno esta misma semana. La propuesta sería una mezcla que incluya las cinco iniciativas en la materia que se mantenían en la congeladora.

De las cinco iniciativas, dos se arrastran desde la legislatura anterior, una fue presentada por la ex diputada Socorro Quezada y otra por el ex diputado Julián Peña.

A finales de septiembre de 2018, la diputada Rocío García Olmedo, respaldada por la bancada priista, presentó la primera iniciativa de esta legislatura y destacó que el fuero terminó por ser una figura que confundió la protección a la libertad de expresión con la impunidad para cometer ilícitos.

En la propuesta que presentó Vianey García Romero el 15 de enero de este año, la morenista destacó que se podría procesar a funcionarios públicos cuando incurran en algún delito sin tener que realizar un largo juicio político. Agilizar la impartición de justicia es algo sumamente necesario.

La última de las iniciativas en la materia fue enviada, los primeros días de febrero de este año, por el gobernador Miguel Barbosa.

Establece que para acabar con la impunidad y los privilegios, la autoridad judicial puede ordenar prisión preventiva oficiosa si un servidor público incurre en delitos graves como: delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. En los casos de otros ilícitos, la reforma propone la separación del cargo como parte de la sanción.

Por el bien de Puebla y los poblanos esperemos que el documento final contemple una reforma de gran calado que nos garantice que nuestros representantes, así como servidores públicos no podrán seguirse escudando en una figura para delinquir.

No cede el Coronavirus

Aunque intentan convencernos que los casos de contagios y muertos por Covid-19 están disminuyendo, cada día las cifras en México y en Puebla nos despiertan con una bofetada.

Atendiendo a los reportes federales, que como hemos dicho, jamás coinciden con los estatales, Puebla sumó este domingo 9 mil 934 casos positivos. Con esas cifras es fácil vaticinar que este lunes rebasemos los 10 mil contagios en la entidad. En el tema de defunciones, 1 mil 213 personas han perdido la vida en la Angelópolis a causa del virus.

Este alto índice de contagios genera, entre otras cosas, que el Semáforo Covid se mantenga en rojo, por cuarta semana consecutiva, para el estado de Puebla. El dato es relevante si se considera que en la capital del país, donde se dieron las mayores tasas de infecciones, el color es anaranjado, a menos claro, que al presidente Andrés Manuel López Obrador le urja un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y por eso haya ordenado que se disminuyera la alarma en la Ciudad de México