Desde que comenzó el periodo de caza en contra de diversos ex servidores públicos de rango diverso, la pregunta recurrente es si el próximo blanco del aparato judicial estará encaminado contra sí mismos, cercamos o compañeros de gabinete.
Ronda el miedo y la zozobra, aunque de dientes para afuera las apariencias intentan un lenguaje lejos de las señales corporales... y los silencios, prolongados, súbitos.
Fue después del 18 de marzo de este 2020, con la detención inesperada de un personaje que parecía inalcanzable: Eukid Castañón Herrera, constructor de su propia leyenda negra como ejecutor del talante autoritario de Rafael Moreno Valle.
La percepción de que se formaba parte de las indagatorias penales creció, con razón evidente. La bitácora de aliados, cómplices y beneficiarios era abundante.
Empecinada en victimizarse la dirigente del PAN, Genoveva Huerta Villegas se vio obligada a tramitar un amparo buscador para saber si se le investigaba y habría orden de aprehensión por su participación en la trama delictiva de manejo de dinero de la llamada “Estructura Maya”, por ejemplo.
Pero ya era del dominio que la carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado tenía que ver con la riqueza inmobiliaria inexplicable de la que goza a través de terceras personas, por varios millones de pesos. No sólo tiene el desprecio de su base militante, sino es blanco de una investigación en forma.
Quienes han entendido el mensaje del gobierno de Miguel Barbosa tienen claro que el camino para castigar abusos de poder y corruptelas del pasado inmediato difícilmente irán por el camino de la Auditoria Superior del Estado por lenta, ineficiente y fastidiosa.
Judicializar es la consigna, asumen quienes han podido advertir que del discurso a la acción en contra de la corrupción, tiene más efectividad ir a las causas penales que van desde delitos menores, hasta los de delincuencia organizada.
¿Ejemplos? Por primera vez en los últimos años un grupo de conductores de transporte público pirata que operaban en la vía Atlixcáyotl y Periférico fueron llevados a un juez penal.
Pudo ser un asunto menor, pero detrás de cada detención hay una red de organizaciones como Antorcha Campesina y autoridades que desde las instituciones habían permitido, solapado y beneficiado de esa ilegalidad.
Quienes no lo hayan asumido así después de la puesta a disposición de un juez al ex edil de Tehuacán en noviembre de 2019 a Felipe Patjane Martínez acusado usurpación de funciones y uso ilícito de funciones, yerran de soberbia o ingenuidad, dos pecados que se pagan caro en el ámbito público.
Los iniciados han comenzado a entender las señales que un día sí y al otro también manda la gestión gubernamental. En lo individual, quienes se asumían con el capital político y económico para competir por una posición de elección popular dejaron para mejor momento, ya declinaron, aseguran.
Prefirieron el bajo perfil, dedicar tiempo a sus despachos de consultoría en gestión gubernamental, derecho fiscal o administrativo o simplemente vivir la riqueza que pudieron acumular a su paso por la gestión pública.
En cambio existen otros perfiles visibles empeñados en asumir que serán ignoradas componendas, riqueza y abuso. Suponen estar en condiciones de librar responsabilidades del pasado pues la historia política de este país demostró siempre compensar con inmunidad e impunidad.
La semana que corre volverá a darnos lecciones. Probables aprehensiones de personajes de la vida pública claramente visibles y expuestos, según han confiado al autor de la Parabólica involucrados en los procesos de investigación.
Los nombres se mantienen en reserva por evidentes razones, pero en dos semanas más mucho ruido habrá. Lo más sensato será esperar pacientes a las próximas capturas porque además es preciso no olvidar: la temporada de caza está lejos de haber terminado.
