La venta de los cachitos para la rifa simulada del avión presidencial simplemente no despega. Ni el spot realizado por AMLO ni las invitaciones reiterativas del mandatario en las mañaneras han logrado que se agoten los boletos para el sorteo del 15 de septiembre.

En la más reciente puntada, el gobierno de AMLO anunció que 400 mil cachitos fueron adquiridos por la Fundación Delia Morán Vidanta y que ésta donó igual número de boletos a 50 mil planteles inscritos al programa federal “La escuela es nuestra”… claro está con una pequeña condición: que los beneficiarios firmen una carta compromiso para invertir el premio en mejoras para su escuela, en caso de ser uno de los 100 ganadores de 20 millones de pesos.

Por donde se mire, la ideota (idea en grande), es una jalada.

Primero, ¿Qué fundación “invierte” así sus recursos? Esa compra-donación tiene toda la pinta de un moche. ¿A cambio de qué Vidanta pagó 200 millones de pesos?, ¿Requiere algún permiso para otro desarrollo de lujo?

Regresemos a la rifa. Pensemos que la suerte es generosa y contra todo pronóstico, uno de esos premios queda en manos de un comité de padres ¿Es legal que el gobierno reciba una donación de la Lotería Nacional para remodelar una escuela? Ese dinero, 20 millones de pesos, ¿se ingresará al erario o simplemente se distribuirá discrecionalmente?

Una duda más, cuando se auditen las mejoras de la escuela beneficiadas, ¿se considerará que ese gasto lo hizo la federación aunque el dinero provenga de la rifa?

Si la rifa de 2 mil millones de pesos ya es una tomadura de pelo, este esquema es un atentado a la inteligencia de los mexicanos.

Y la cosa no parará ahí.

Seguramente en los próximos días y conforme se acerque la fecha del sorteo, los cachitos de la Lotería Nacional encontrarán nuevas asociaciones, empresarios o servidores de la nación que se encarguen de “regalarlos”.

El Flama, Lozoya y Carrancá 

Ahora que Emilio Lozoya es tratado con algodones a pesar de su presumible responsabilidad en una red de corrupción, es importante destacar cómo los gobiernos que se dicen de izquierda, aplican la ley. 

¿Recuerda el asesinato de Paco Stanley ocurrido el 7 de junio de 1999 en El Charco de las Ranas? Pues déjeme contarle cuál es la relación entre ese escándalo, la fabricación de culpables, Víctor Carrancá y Puebla.

En ese año, Carrancá Bourget era subprocurador en el D.F. y fue el encargado de las investigaciones. Nuestro exfiscal quiso cerrar el expediente con un caso plagado de irregularidades, llevó a la cárcel al cómico Mario Bezares, a la edecán Paola Durante y a Erasmo Pérez Garnica, El Cholo.  

De acuerdo con la primera “versión oficial” Paola Durante planeó el homicidio junto con un reo identificado como Luis Gabriel Valencia López, alias El Flama. El preso, dijo la entonces Procuraduría del Distrito Federal, confesó todo. 

Durante casi dos años, la edecán, el cómico y El Cholo estuvieron presos. Después, El Flama se retractó de lo dicho. Dijo que lo habían obligado a aprenderse el guion de sus acusaciones y los tres detenidos quedaron libres, con el ridículo “usted disculpe”. 

Como premio a su cooperación El Flama, un delincuente de poca monta, fue trasladado al penal de San Miguel acá en Puebla. Desde que llegó fue un rockstar, gozaba de privilegios y tenía su propia habitación. 

Todo lo que decía era noticia. La gente del exfiscal se encargaba de filtrar la información a sus medios cómodos. Un día El Flama puso punto final, traicionó a su protector y dijo la verdad: el encargado del caso, Víctor Carrancá, estaba fabricando culpables. 

Ahora que vemos el tema de Lozoya, los señalamientos contra Ricardo Anaya y el involucramiento de personajes incomodos a la 4T, se comprueba como los gobiernos, incluso los de izquierda fabrican culpables.

Aquí en Puebla, con el morenovallismo y de la mano de Víctor Carrancá, lo aprendimos a la mala.