Justo el día en que se cumplieron dos años de la caída del helicóptero en el que perdieron la vida la gobernadora Martha Érika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, mágicamente bajo el sello del gobierno federal, se anunciaron las capturas de cuatro presuntos responsables del helicopterazo de aquel 24 de diciembre de 2018.
Primero, la Fiscalía de la Ciudad de México informó, en las primeras horas de la mañana, sobre la aprehensión de María “N”, quien era la encargada del taller de mantenimiento ubicado en uno de los hangares en el aeropuerto de Toluca, en donde la aeronave Agusta siniestrada recibió servicio semanas antes del trágico desenlace.
Aunque, posteriormente y de manera orquestada, la Fiscalía de Puebla emitió un boletín donde, además de María “N”, también cumplieron órdenes de aprehensión en contra de tres personas más: José Antonio “N”, Ricardo “N” e Israel “N”, quienes trabajan en la empresa Rotor Flight Services. Las capturas se efectuaron en cuatro entidades distintas: CDMX, Hidalgo, Estado de México y Puebla.
Lo que sorprende es ya haya cuatro capturados cuando, 730 días después, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal todavía no haya emitido aún un dictamen final en el que se determine si la caída del accidente fue un accidente, un atentando, un desperfecto, una falla humana o negligencia técnica.
Hay elementos que permiten determinar que éstos detenidos no estaban ocultos y realizaban sus labores de trabajo de manera normal desde el atentado.
Es evidente que, al gobierno de López Obrador, le resulta convenientemente oportuno anunciar este show mediático un día después de que los militantes panistas exigieron el esclarecimiento de los hechos.
Un dato que no hay que dejar al margen es que entre los delitos que se les imputan a los detenidos, está el de homicidio, lo cual implica que los organismos internacionales especializados en aeronáutica y que están encargados de la investigación, ya deberían haber emitido un dictamen técnico que determine que fue el taller de mantenimiento el que provocó el desplome de la aeronave.
Bajo la lógica que los cuatro detenidos son el responsable del taller de mantenimiento y los mecánicos, esto esto podría implicar una acción concertada, sea de negligencia o de intencionalidad.
Desafortunadamente, son más dudas que certezas las que generan estas detenciones realizadas justo en el segundo aniversario de la muerte de la gobernadora Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle.
Habrá que esperar para conocer la versión oficial, en la que se aporten datos duros y concretos que permitan darle certeza a quienes se preguntan qué es lo que sucedió la tarde del 24 de diciembre del 2018.
¿Serán capaces de ser lo suficientemente convincentes, o volverán a presentar suposiciones e interpretaciones superficiales como lo han hecho en repetidas ocasiones cuando han abordado este caso?
Yo francamente lo dudo, pero... veremos y diremos.
