El pasado 26 de enero, el Instituto Nacional Electoral (INE) instruyó a los partidos políticos incluir candidaturas indígenas, de la diversidad sexual y para personas con discapacidad con miras a participar en el proceso electoral del próximo seis de junio. Sin embargo, aunque parece un acertado plan para otorgar voz a estos grupos, no considera las grandes desigualdades que de por sí han limitado el surgimiento de perfiles pertenecientes a estos sectores y, sobre todo, la cerrazón sistemática de los institutos políticos para incluirlos en sus filas sobre otros aspirantes.

En su sesión extraordinaria del nueve de abril, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio parte de lo que consejeros y comisionados describieron como una feria de simulaciones, al notificar el registro para candidaturas indígenas de 132 aspirantes que no lograron acreditar su pertenencia o relación con los llamados pueblos originarios. Según relataron, fueron los mismos institutos políticos quienes entregaron documentos falsificados para intentar validar estas postulaciones.

El último lamentable ejemplo es la ratificación por parte del TEPJF de Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima del presidente López Obrador, como candidata a la diputación federal por el distrito de Palenque, Chiapas, al reconocer sus presuntas raíces indígenas. La candidatura había sido impugnada por Crescencia Díaz, una mujer indígena que consideró las aspiraciones de Obrador Narváez como un atropello a los derechos políticos electorales de la comunidad.

Si bien, la pertinencia de las estrategias implementadas por el órgano electoral para dar paso a la participación política de grupos que históricamente han sido discriminados no puede ser cuestionada, ostenta cierta ingenuidad, al no considerar las desigualdades que aún prevalecen en la vida diaria de ciudadanos pertenecientes a estas comunidades y que pueden ser determinantes para frustrar su emergencia en el ámbito público, por lo que una verdadera política de inclusión tendría que ser extendida fuera de los muros del INE al resto de las instituciones y no solo durante época electoral.

Según la última encuesta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la comunidad indígena aún encuentra entre sus principales problemas la falta de empleo.

Aunado a esto, el 29.2 por ciento de la población consultada declaró que le fueron negados derechos como atención médica, en oficinas de gobierno y encontraron impedimentos para recibir apoyos sociales.

También, personas con discapacidad manifestaron falta de oportunidades para encontrar trabajo, mientras el 86.4 por ciento afirmó haberse encontrado "con alguna barrera de accesibilidad cuando buscó información sobre algún trámite, servicio o programa gubernamental”.

Por otro lado, según datos del INE, de las seis mil 279 candidaturas registradas para el proceso 2021, 503 (8.01 por ciento) se identificaron como personas indígenas, otras 147 (2.34 por ciento) con alguna discapacidad, 115 (1.83 por ciento) de la comunidad LGBTTTIQ y solo 107 (1.7 por ciento) como parte de la comunidad afromexicana.

En los primeros tres sectores, el partido que registró más aspirantes de estas comunidades fue Movimiento Ciudadano (MC), mientras Redes Sociales Progresistas lo hizo para el caso de las agrupaciones afromexicanas.

Ante estos datos, el papel de los institutos políticos también será imprescindible hacia el próximo proceso electoral. ¿Qué específicas acciones están implementando para promover estas cuotas?, ¿cómo se gestionan las campañas de sus candidatos con discapacidad?, ¿garantizará piso parejo entre todos sus aspirantes para no dificultar el arribo de las minorías?, ¿veremos en un futuro cercano a las grandes coaliciones y partidos apostar por ellos?

Seguir las disposiciones del INE y otras instituciones será un gran reto de voluntad política.