El Estado Mexicano tiene como uno de sus mandatos generar pautas que normen diversos aspectos de la vida nacional. Cosas tan variadas como la definición legal de la leche o cuánta proteína debe tener un jamón para ser de pechuga, pasando por la altura de los semáforos y los segundos que deben durar sus luces.
Estamos hablando de las normas oficiales; el Catálogo Mexicano de Normas. Esta oscura y fundamental parte de la vida nacional descansa en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y a su vez ésta depende de la Secretaría de Economía y su Dirección de Normas.
Su impacto está en nuestra vida más cotidiana. Recordarán el escándalo en 2019 cuando la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) emitió el reporte del alarmante contenido de soya en las latas de atún.
La soya puede ser usada como parte del líquido para preservar el atún o como sustituto de este en proteína o textura. Los resultados de PROFECO apuntaban rangos de soya de uno por ciento hasta 62 por ciento, en una franca afrenta al consumidor vendiéndole soya con atún. Una tomada de pelo.
Es claro que las diferentes marcas hacen esto por cuestiones de rentabilidad, pero también de mercado; el atún es la principal fuente de proteína envasada y no todos los estratos sociales tienen la capacidad económica para al menos 98 por ciento carne derivada del atún como la norma.
La NOM-084 de información comercial para productos de atún preenvasados de 1994 no estaba adecuada para la realidad actual y comenzó su renovación a los pocos meses del escándalo.
En septiembre 2020 se publicó la NOM-235. En esta nueva norma se establece un límite de hasta 50 por ciento de la masa drenada pudiendo ser de un origen distinto al atún, debiendo declararlo.
Y ahora no solo es soya, puede ser verduras, leguminosas, chiles, hasta mayonesas o aderezos y un ominoso otros ingredientes. No por nada el Grupo Herdez, S. A. de C. V. fue uno de los más fervientes cabilderos.
Esto viene a colación por los impulsos de modificar la NOM-011-CONAGUA por la Asociación Geohidrológica Mexicana y su presidente Raúl Mejía Vázquez, quien fuera corrido de mala forma de la CONAGUA en marzo 2020. Esta iniciativa, y su presidente, están siendo respaldados por varios gremios ingenieriles como el Colegio de Ingenieros Civiles de México y la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros.
Con esta norma la persona de titular de la CONAGUA emite las disponibilidades hídricas para las 757 cuencas hidrológicas a través del Diario Oficial de la Federación. Esta lleva atiborrada de quejas más de cinco años, especialmente porque no se hace un censo de los pozos irregulares ni se tiene una metodología para asentar las diferencias entre lo que se encuentra en campo y la información administrativa.
La reciente toma de las instalaciones de Bonafont, las quejas de pobladores por permisos de extracción, o los duros reproches del Gobernador Barbosa ante las autorizaciones de la CONAGUA pueden tener razón en sus lógicas, pero las regulaciones no parecen estar siendo violentadas a simple vista, amén de no conocer las entrañas de los arreglos.
La agradable visita de la secretaria de Economía Tatiana Clouthier a Puebla en días pasados es de pronóstico reservado en los acuerdos que tuvo con privados y autoridades estatales, pero haría bien el estatal en comenzar a cabildearle el Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua, algo donde ella tiene más poder de decisión.
Recordemos que el nuevo titular de la CONAGUA, Germán Martínez Santoyo, que lleva menos de tres meses en el cargo tras la cuestionadísima salida a lo Ebrard de la exdirectora Blanca Jiménez a la embajada de Francia, es perito por el Colegio de Ingenieros Civiles de México y largo conocido del titular de la Asociación Geohidrológica pues fue su superior; el rio suena y parece llevar agua.
