Entregar un encargo ocho años tarde, con miras de en otros tres y ahí vemos, es un lujo que solo podemos encontrar en el Congreso de la Unión con la Ley de Aguas Nacionales (LAN).
Y es que desde 2012 con el cambio constitucional al elevar el agua a derecho humano, se le instruyó al Congreso a hacer los cambios en la ley correspondiente, la fecha límite era febrero 2013.
La ley actual fue promulgada en el 92 y durante los sexenios, hasta Calderón, las concesiones se dispararon, al llegar Peña solo empeoró.
Bajo el argumento de reformar la ley por el cambio constitucional el peñanietismo intentó colar en dos ocasiones una privatización disimulada, los proyectos de ley conocidos como Ley Korenfeld y Ley Pichardo; llamados así por los infumables funcionarios que las propusieron.
David Korenfeld de descrédito público al renunciar a la CONAGUA tras el escándalo de vérsele usar helicópteros oficiales para temas privados, y el segundo, hermano del vocalista de grupo electropop mexicano Moenia.
Lo apremiante del tema por la crisis hídrica y medioambiental, así como las muy altas esperanzas puestas en la bancada morenista, crearon la expectativa de una nueva LAN dentro de la primera mitad del ejecutivo, misma que está a punto de mostrarse equivocada con el fin de la legislatura en ciernes.
Esto no significa que Morena haya olvidado sus promesas de justicia hídrica para la nación, solo se han radicalizado.
Un ala está representada por el joven diputado de Saltillo Diego del Bosque, quien estuvo invitado en días pasados por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, precisamente para hablar de la propuesta del proyecto de ley que se ha generado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Al diputado de 31 años lo puede identificar por ser quien planteó la prohibición de forrar libros y libretas y por su acercamiento en Puebla con grupos estudiantiles de izquierda.
Esta propuesta de nueva LAN ha sido criticada por sus polarizantes acercamientos a concentrar el poder del agua y quitar autonomías de órdenes de gobiernos y privados para darlos a grupos sociales y organizaciones.
Del otro lado tenemos al resto de los diputados, comandados por el poblano Nacho Mier, que han decidido nadar de muertitos e ignorar el tema viendo como se acerca la orilla del final de la legislatura. Esto con el beneplácito de Palacio Nacional, que sabe que ya perdió la posibilidad de hacer una reforma de ley de impacto y reestructurar la explotación hídrica del país.
El presidente sabe que los intereses económicos son demasiados y prefiere presentar juicios sumarios de proyectos para saciar, nunca mejor dicho, la sed de justicia hídrica. Como la muerte decretada de la cervecera Constellation Brands, que tiene dos años para retirar los mil cuatrocientos millones de pesos que había construido en Mexicali, o la reciente cancelación de la nueva cortina de la Presa Zapotillo entre Jalisco y Guanajuato. Ambos son sacrificios menores ante lo que podría bien compararse en impacto con lo que fue la reforma agraria.
En este momento una última sesión extraordinaria está en la arena política del Congreso de la Unión, aunque para tratar la revocación de mandato del ejecutivo y su reglamentación, por lo que se ve sumamente improbable sea atraído el tema de la regulación de tan importante líquido.
Para Puebla tampoco podemos esperar mucho en temas de legislaciones del agua, pero tampoco tiene sentido un desgaste político contra privados y concesiones sin el apoyo de un movimiento federal impulsado por el Congreso y el Ejecutivo.
La necesidad de reforma a la ley es innegable y apremiante, además de un mandato constitucional, que 2 por ciento de los concesionarios tenga el 70 por ciento del volumen de agua del país es escandaloso, pero un futuro donde el agua será una incertidumbre obliga a legislar con seriedad y no con las rodillas.
