Cuando los empresarios lanzaron la invitación para que el gobernador atestiguara el cambio de estafeta en Coparmex debieron surgir las mismas inconformidades que ayer lanzaron a gritos. No está mal disentir, pero sí equivocar el lugar y las formas.
Resulta extraño que nadie entre los organizadores o empresarios hubiera previsto el choque que se registró ayer o peor aún, que a sabiendas del riesgo, lo hayan tolerado.
Si bien el sector empresarial se ha sentido lastimado con las duras declaraciones del gobernador, quien les ha reprochado su falta de donaciones o apoyos durante la pandemia y las últimas tragedias en Puebla, no se puede entender que invites a tu casa a alguien para interpelarlo y hasta confrontarlo.
El carácter de Miguel Barbosa tampoco ayudó en mucho cuando lanzó frases retantes para pedir que pasaran al frente quienes tuvieran algo que decir, ni cuando acotó que su presencia no era para debatir el tema de la Udlap, y menos cuando recriminó que los agremiados a Coparmex sí tienen una ideología política por más que se llamen apartidistas.
Aunque el discurso de Rubén Furlong Martínez apostó por el trabajo conjunto con la autoridad estatal para detonar la economía de la entidad, será difícil concretar ese anhelo si se anteponen los agravios.
Tristemente, el desencuentro de ayer, no vaticina buenos tiempos para la relación entre el gobierno y las cámaras empresariales.
El de ayer, era un final cantado.
El transporte y el consenso
Pese a la inconformidad de los permisionarios, quienes en ésta ocasión no pudieron chantajear al gobierno, ni a los legisladores, salió por consenso la nueva Ley del Transporte del Estado de Puebla en el Congreso, donde al parecer por fin se terminarán los abusos que se cometen en contra de los usuarios.
A diferencia de lo que está ocurriendo a nivel federal, donde las iniciativas que envía el tlatoani de Palacio, son algo así como las Tablas de Moisés, donde no se les puede cambiar ni una sola coma, en Puebla se dio el cabildeo y se aceptaron las modificaciones propuestas por el PRI y el PAN a la iniciativa del Ejecutivo.
Ahora resta esperar a que la Secretaría de Movilidad y Transporte, que dirige Elsa María Bracamonte, tenga la capacidad para aplicar la ley, lo mismo que los Ayuntamientos.
No será una tarea menor, pero los poblanos lo merecemos. Ya estuvo bueno de tener un transporte de cuarta, cuando se pagan precios más elevados que en otras ciudades.
Con que sean unidades limpias, seguras y que cumplan con su horario, podremos darnos por servidos ¿acaso es mucho pedir?
