Entre las iniciativas y puntos de acuerdo que existen en el Congreso de Puebla hay algunas ideas bastante buenas y otras que son reflejo de las ocurrencias de quienes buscan subirse a un tema sin conocer nada de él.
En días recientes, el panista Oswaldo Jiménez López, sí, el mismo que se disputaba la representación de su bancada a través de tuits, subió a la tribuna para recomendar que los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo se conviertan en la santa inquisición de los medios en Puebla.
Me explico.
Palabras más, palabras menos, Oswaldito pide que mandemos a la goma las instituciones y fiscalías que se han creado para atender exclusivamente la violencia de género y que un nuevo ente determine, como en los años de la Santa Inquisición, si los periodistas, columnistas, accionistas o dueños de medios hemos cometido violencia de género o intrafamiliar.
En caso de que este nuevo ente resuelva que sí, entonces, a manera de sanción se pide que no se firmen convenios de publicidad con esas empresas.
Así como lo lee.
Más allá de que el panista está confundiendo libertad de expresión con pago por publicidad, Oswaldito olvida que las leyes deben ser de carácter y observancia general.
Seamos claros: es reprobable y detestable que políticos, periodistas, ingenieros, obreros o ciudadanos agredan a las mujeres. También reconocemos el compromiso social de los medios de comunicación para generar nuevas formas de convivencia.
Pero el exhorto no busca eso. Ni repudiar la violencia ni cambiar los patrones de conducta.
El exhorto carece, entre muchas cosas, de “detalles” tan importantes como definir quién va a decidir si un medio o sus representantes son violentadores de mujeres. ¿Serán acaso las áreas de Comunicación Social?
El panista tampoco nos explica ¿Cómo vamos a garantizar que esto no se vuelva un chaleco, un traje a la medida o para ser más precisos, cómo evitaremos que se caiga en la enorme tentación de los gobiernos de censurar a quienes les incomodan?
El “representante del pueblo” que no es ningún novato porque ya estuvo en la anterior legislatura, está repitiendo actitudes que más lo acercan a la intolerancia de AMLO y la 4T que a los periodistas.
Su propuesta llega en el momento más álgido de la lucha de quienes informan diariamente por ser respetados y dignificar las condiciones del gremio.
Al parecer el grito en el Senado, en San Lázaro y hasta en el Palacio Nacional de “nos queremos vivos”, no ha llegado a sus castos oídos.
En la argumentación de quien pudiera ser la reencarnación de un fraile discípulo de Torquemada se asegura que “las manifestaciones mencionadas no pretenden atacar al gremio periodístico, pero... en muchas ocasiones los periodistas abusan del poder que tienen”.
Le aclaramos a Jiménez que la ley ya establece las sanciones contra quienes calumnien o difundan fake news y curiosamente él ha votado algunas, pero posiblemente no las leyó.
