Desde hace 15 años la inseguridad ha sido la principal preocupación de los mexicanos, con un breve período a inicios de 2021 dominado por el Covid-19, y una reciente tendencia hacia la situación económica. No obstante, la falta de seguridad pública es tan lacerante como el hambre o la enfermedad, y con efectos que repican al unísono con la sociedad como caja de resonancia.

Los criminales actos de violencia en el partido de Querétaro-Atlas, hace ya más de dos semanas, fueron catarsis social ante los entumecidos reflejos de una sociedad que debe procesar en promedio, al menos durante este enero y febrero, 15 atrocidades al día. ¿Acto atroz? Calcinamientos, mutilaciones, fosas clandestinas, torturas y asesinatos de particular crueldad; sí, ahí van los ciento y tantos feminicidios y la septena de asesinatos a comunicadores que lleva el 2022. 

La presión de la sociedad mexicana es irrelevante para todas nuestras autoridades, fuera de época de elecciones, y como en el fútbol todo se elige por una pequeña oligarquía parecería inusitada la reacción de las autoridades para atajar el problema, aunque todo se entiende cuando se comprende que la participación de México como co-sede del mundial 2026 está en juego. 

Con esta presión encima uno de los manotazos más desafortunados por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, y su titular Mikel Arriola, fue forzar a todos los estadios del máximo circuito a implementar sistemas de videovigilancia y reconocimiento facial para la temporada 22-23. 

Este requerimiento ya tuvo dos implementaciones. Una en Torreón, donde era necesario registrarse con fotografía e identificación en una plataforma digital, y otra en Guadalajara para el clásico tapatío. En el Estadio Jalisco fueron montadas siete cámaras de identificación facial en la puerta #12, aquella por donde entra la Barra 51, registrando digitalmente las identidades de al menos el 85% de quienes pasaron por ahí. 

Los datos biométricos permiten registrar los rasgos físicos y/o conductuales de una persona para asegurar una identidad, y los riesgos son enormes de normalizar una práctica invasiva, desproporcionada, propia de un estado totalitario, y a todas luces anticonstitucional. 

En México existen tres instancias conocidas de uso de tecnologías masivas de reconocimiento facial: la Central de Abastos de la CDMX, el ayuntamiento de Aguascalientes y el estado de Coahuila; siendo el último un ejemplo de cuidado. 

Con una inversión de casi 600 millones de pesos en 11 ciudades, y más de 1,200 cámaras con capacidad de reconocimiento facial, en Coahuila no existe transparencia para saber qué datos recaban, de quién, por cuánto tiempo, o para qué propósitos. Tan solo después de la jornada del día de la mujer del año antepasado se contabilizaron 50 millones de capturas de imágenes gracias a datos filtrados. 

Esta opacidad impide saber cuántas personas han sido detenidas o procesadas gracias a estas intervenciones, aunque se tiene muy claro el caso de dos manifestantes sociales de Estados Unidos, Jose Felan y Mena Yousif, que escaparon a México y fueron ubicados en Coahuila gracias a la filtración de dichos datos biométricos hacia el FBI. 

Destaca este caso binacional por los proveedores de las tecnologías usadas. Dahua, Hikvision, Huawei, y otras empresas chinas que desarrollaron las posibilidades del vigilante estado omnipresente chino, se encuentran prohibidas por muchas democracias occidentales por la incapacidad de saber qué se hace con la información recabada. La gran participación del estado mandarín en estas entidades tecnológicas, así como su uso genocida para reprimir a la minoría musulmán uigur en China, las prohibió de participar en el desarrollo de las redes de telefonía 5G, por ejemplo. 

Su rostro y cuerpo son insustituibles y distinguibles a kilómetros gracias a las tecnologías modernas. ¿Confía en que el gobierno, o peor aún, la directiva del Puebla o el Necaxa puedan proteger sus derechos de privacidad? La vigilancia masiva es violencia moderna con cubierta de tecnología.