Durante varias semanas existió un temor ante la latente posibilidad de verse instaurado un control de precios, por parte del gobierno federal, para intentar desescalar la inflación y los vertiginosos incrementos en la canasta básica. Lo que recibimos fue el "Paquete contra Inflación y la Carestía”, en el papel no tan disruptivo como intentar controlar precios, pero con una carga de incoherencia con las metas de este gobierno en lo político, económico y social.
El paquete, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se cuidó de no llamar pacto para no asociarlo con Enrique Peña Nieto, fue acordado con las cúpulas industriales y abarroteras del país para bajar, en promedio, un 20 por ciento de precio en los productos de consumo básico, con la promesa del Ejecutivo de mantener los subsidios sobre la gasolina y el diésel, entre un puñado de medidas más.
La mañanera del anuncio contó con seis filas de machuchones contrarios a los principios públicos de AMLO. Desde José Medina Mora, presidente de la Coparmex y hermano del exministro de la Suprema Corte, que renunció en 2019 ante la presión de Morena, hasta el director de negocios de Kimberly Clark, cuyo director de consejo, Claudio X. González hijo, es uno de los rivales personales del presidente.
Algunos acuerdos van en sentido contrario de las medidas para impulsar la producción nacional, aunque son necesarios por la precariedad del momento, como el anuncio de arancel cero para 21 de los 24 productos de la canasta básica. Esto dará un importante respiro a productos como la leche y el atún, representada en la reunión por los grandes jugadores atuneros, Grupo Tuny y Atún Dolores, y lecheros, Lala y Alpura, o las carnes de cerdo, pollo y res; pero será la ruina para pequeños y medianos productores nacionales.
Y mucho del problema está en la naturaleza del paquete, de autoadherencia, y los invitados, las cúpulas. La tortilla siempre es un buen ejemplo. Solo bajará en las tiendas de autoservicio, que tan solo vende uno de cada diez kilos del mercado nacional, lo que concentrará compras en tiendas, como las invitadas Walmart o Chedraui, ante la imposibilidad de los pequeños tortilleros –una industria de 3.5 millones de empleos– de absorber los costos de la manera que lo hacen los conglomerados de supermercados.
La Profeco, que debiera vigilar la implementación de todo lo anterior, vive un naufragio tras la irrupción de Adán Augusto y la Segob, que destituyó a tres directores, incluido el de la Oficina de Defensa del Consumidor, y prometió una revisión a fondo de sus 38 representaciones al interior del país, tras denuncias de corrupción. Ricardo Sheffield, titular de la procuraduría, rechazó públicamente los nombramientos para luego doblar las manos. Como consumidores estamos a la deriva.
De toros, gallos y gallos
En las siguientes semanas veremos algunas discusiones en la Suprema Corte sobre temas controversiales. Por un lado, en la Primera Sala, se estará debatiendo sobre la marihuana y su paradoja legislativa, es un derecho consumirla, pero ilegal poseerla. Esta discusión, que viene desde 2018 y la trae arrastrando el ministro José Luis González Alcántara, ahora viene corregida y aumentada. Es legal menos de cierto gramaje y para consumo personal, ¿Quién determinaría entre consumo personal e intención de comercializar?, el benevolente Ministerio Público, cada que exista un arresto. Por menos de quinientos pesos de cannabis hay alrededor de 28 mil personas presas en el sistema penal mexicano; de esos despropósitos modernos.
Del otro lado, en la Segunda Sala, se analizará una impugnación de 2019 contra el gobierno de Nayarit, por decretar peleas de gallos y fiestas taurinas patrimonio inmaterial de la entidad. Aunque el propio ministro Alberto Pérez Dayan ha aclarado que el amparo, de ser aprobado, iría contra el nombramiento y no sería una prohibición de los espectáculos, el fundamento legal destaca por el enfoque. Se argumenta que la muerte del toro en el ruedo va en contra de la Norma Oficial Mexicana para sacrificar al ganado.
