La guerra, como cualquier empeño de la lucha por el poder, nos permite observar los peores instintos humanos. Usar la hambruna como herramienta ofensiva es un crimen de guerra, la Convención de Ginebra la condena por indiscriminada hacia la población civil, y no obstante es la jugada en turno por parte de Rusia en su invasión a Ucrania, a nivel global. 

Bloquear los puertos que proveían cuatro de cada diez bultos de trigo a África ha disparado allí los precios un cuarto de su valor, y puso a la ONU a trabajar un plan de contención. Pareciera que la propuesta de abrir el puerto en Berdiansk como corredor humanitario para exportar granos será una realidad a cambio de reducir las sanciones económicas a Rusia.  

Sin embargo, en este mundo globalizado, esto ha significado enormes ganancias para selectos participantes. En un afán redistributivo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, mandó el proyecto de Impuesto a la Renta Inesperada. Este busca que quienes hayan ganado 20% más que el año pasado y rebasado 8 millones de dólares, se les cobre un quince por ciento de sus utilidades.  

Beneficiarse del incremento de precios por los conflictos “es la inmoralidad que no podemos permitir” declaraba el presidente argentino. Lo que se espera recaudar, 6 mil millones de dólares, será mayoritariamente destinado a programas alimenticios para una población necesitada de buenas noticias tras una expectativa de inflación de 75% anual. La medida tampoco debe asustarle o criticar solamente a Argentina, países como Italia o Inglaterra han puesto gravámenes especiales sobre las favorecidas empresas energéticas. 

De cualquier manera, los veinticinco millones de toneladas de granos a exportar son una moneda en el aire. Rusia quiere revisar los barcos al regresar, para evitar entrada de armamento, Ucrania exige remover las minas marinas y autonomía, mientras que el mundo pide se pongan de acuerdo.  

32 tentáculos menos de COFEPRIS

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es uno de los entes más poderosos del país: a través de sus oficinas se regulan 4.5 de cada 10 pesos del consumo mexicano promedio y su poder en revisión y vigilancia sanitaria le otorgan tentáculos de largo alcance. Treinta y dos de estos apéndices fueron cercenados el día de ayer, entre titulares de unidades administrativas, verificadores y dictaminadores, y puestos a disposición de las autoridades ante acusaciones de corrupción. 

Para sustituirlos quedaron –ya se la sabe– autoridades militares, en este caso personal de la Unidad de Inteligencia Naval. La historia tiene hilo y llega hasta la crisis de opiáceos en Estados Unidos, que recordemos mató por sobredosis a 100 mil personas el año pasado, misma cantidad de asesinatos que tuvo México en tres años. Feas comparaciones. 

Desde China se enviaba, y sigue, fenilamino, piperidina y piperidona, precursores químicos para crear el fentanilo, principal causante de esta crisis de farmacodependencia. Para controlar el problema el gobierno entregó a los marinos el control de aeropuertos, aduanas y puertos, culminando dándoles el control sobre la raíz del problema administrativo. Junto a los líderes del cártel de Sinaloa, en las listas de buscados del FBI, verá el nombre de Chuen Fat Yip, su proveedor de fentanilo. Cinco melones verdes para información que proceda a su captura.  

Sigue la pantomima del Tramo 5 del Tren Maya

La reunión pública informativa convocada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) terminó siendo la pantomima anticipada.

Ante las preguntas de por qué comenzaron a trabajar sin permiso de impacto, FONATUR decía que ellos no sabían, y el Instituto Nacional de Ecología (Inecol) –quien elaboró el hechizo permiso ambiental– decía que a ellos no les tocaba. Eso sí, el 10% del Tramo 5 tendrá que llevar refuerzos de losas con pilotes para evitar que el sistema de cavernas por donde pasan colapse. Tan-tán, gracias por participar.