En el Caso Monzón hay un “detalle” que no puede pasarse por alto: la lentitud con la que reaccionó la Fiscalía General del Estado (FGE). 

No me refiero a la investigación que nos compartió a través de un comunicado ni a la detención de varios de los presuntos responsables del feminicidio.  

Hablo del tortuguismo con el cual operó la institución en ese y en otros casos.  

De los videos que la propia Cecilia Monzón compartió en sus redes sociales se desprende la desesperación y la rabia por la lentitud, la burocracia o la complicidad de quienes debían investigar, judicializar las carpetas o hasta entregarle los expedientes.  

La denuncia para obligar al hoy detenido a pagar la pensión alimenticia del hijo que tuvo con Monzón, fue uno de los varios casos en donde la abogada denunció la falta de protección y la inacción de la FGE.

Años atrás habría denunciado otras amenazas de muerte y en ese caso el IEE y el Tribunal Electoral del Estado tampoco habían sido diligentes en garantizarle la protección requerida.  

Aunque Cecilia Monzón no reveló en sus redes sociales que había interpuesto una denuncia por violencia intrafamiliar, es claro que la misma llevaba rato en la fiscalía y que ante el artero asesinato decidieron destrabar el proceso.    

Su último tuit revela esa queja sobre la carpeta de investigación que dormía el sueño de los justos en algún cajón de esa dependencia. 

Paradójicamente, fue esa misma carpeta, por la cual se liberó la primera orden de aprehensión y se hizo con los elementos que tenían, es decir, que de haber habido voluntad se podría haber detenido antes a López Zavala, y muy probablemente esa acción de la justicia habría inhibido el feminicidio de la activista.  

Si como dice la FGE, el hoy imputado por feminicidio fue el autor intelectual del asesinato, la fiscalía podría haber actuado también en 2021 cuando su exesposa Avianet denunció, en otro video, que temía por su vida ante la violencia que el hoy inculpado ejercía contra ella. 

Quería con ese video, dejar constancia por si algo le pasaba, pero también denunciar que ni en la fiscalía ni en “lo de la Mujer” había prosperado su solicitud, pese a que había asistido golpeada.  

“Es un hombre golpeador, que le gusta someter, que le gusta presionar, asustar, todo, y la verdad temo por mi vida, por mí y la de mis hijas”, se escucha en el video presuntamente grabado antes de la aprehensión de Zavala. 

En el caso de Avianet las amenazas, por fortuna, no llegaron a las acciones, pero insisto en que si la autoridad hubiese actuado en contra del hoy detenido, muy probablemente aún estaría bajo las reservas de ley y al tenerle ocupado, podría haberse inhibido el feminicidio.  

Es verdad que los hubiera no existen y que nada regresará a la madre de un menor que hoy es solicitado por quienes le quieren, sin embargo, no podemos negar lo evidente.  

Confiemos en que este caso sirva para que las próximas denuncias de mujeres violentadas, golpeadas o amenazadas sean atendidas con mayor celeridad y prioridad en la institución.  

Ese sería un primer paso y acciones concretas que protegerían más a las mujeres que utilizar un moño naranja cada 25 de mes. 

Lo que es un hecho, es que la FGE tuvo en sus manos la posibilidad de salvar una vida. 

Ni más, ni menos.