El linchamiento de Daniel Picazo fue un acto aberrante, tal como lo calificó el gobernador, Miguel Barbosa. No es el primero y por desgracia, Puebla es conocida a nivel nacional como una tierra donde frecuentemente se cometen este tipo de actos ilegales.
El llamado de las turbas a terminar con la vida de gente que lo mismo es encuestadora que turista o estudiantes, como sucedió hace décadas en San Miguel Canoa, debe atenderse por dos vías: la prevención, es decir, tener verdaderos y funcionales protocolos de acción y la impartición de justicia.
Nada, absolutamente nada, justifica que una bola de energúmenos decida usar la plaza pública y al estilo de la Santa Inquisición manden a la hoguera a un ser humano. Para eso hay leyes y es importante que se haga sentir que el Estado de Derecho se aplicará en todos los casos para justamente sancionar todos los delitos, por pequeños o mediáticos que sean.
Sólo brindando una correcta impartición de justicia se podrá contrarrestar esa falsa idea de que es mejor aplicar la justicia por mano propia que esperar a que actúen las autoridades.
Las evidentes fallas
Quisiera detenerme en el tema de los protocolos de operación. El caso de Daniel Picazo nos demuestra que aún no son los adecuados y que urge apretar el paso en el tema.
Los policías presentes en la zona no tuvieron capacidad de respuesta ni de reacción.
El sitio en donde se cometió la barbarie no está a mil horas de una ciudad o en un pueblo lejos de las bases militares.
Sin embargo, estas circunstancias no bastaron para salvarle la vida al joven abogado.
Ayer mismo la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, presentaba un balance en donde señalaba que en los primeros seis meses de este año se contabilizan 11 intentos de linchamiento, que sumado al caso de Huauchinango dan en promedio, dos eventos de esta naturaleza por mes.
Pese al elevado número de incidencia sólo 144 ayuntamientos, de los 217 que tiene el estado, han contado con la capacitación necesaria para saber cómo actuar, qué hacer, a quién avisar y con qué elementos de apoyo se cuenta, en caso de que los pobladores retengan a alguien.
El tema no es menor porque, como ya lo señalé, desde 1968 con el caso de Canoa, Puebla ha estado envuelto en lamentables linchamientos.
Pasan los gobiernos de un color, de otro y otro, y la mal llamada justicia por mano propia continúa presente en las plazas públicas donde ni siquiera se cuida que los menores no estén presentes mientras se comenten los atroces asesinatos.
Los minutos de la muerte
Aunque cada caso es diferente, por lo general los linchamientos son actos que duran varias horas. Desde el momento en que se esparce el rumor de los robachicos o secuestradores hasta que se les retiene, se les pide identificarse, los golpean y los matan; pasan horas.
Minutos que bien podrían haber utilizado los policías municipales, los estatales, los elementos de la Semar, de la Sedena y hasta de la Guardia Nacional para evitar que se consumara el asesinato.
La tarea es enorme. Pasa por la reconstrucción del tejido social que deben promover los ayuntamientos, pero también por la implementación de protocolos que realmente sirvan y se cumplan. Además por una mejor y adecuada Administración y Procuración de Justicia.
Como dije, no es nada sencillo, pero es necesario y urgente.
