El vulgar asesinato en la Tarahumara de dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, así como el guía turístico Pedro Palma, zarandeó la convulsa vida nacional. Las investigaciones plantearon como detonante de la agresión un partido de béisbol, perdido 10-0, indicando a José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, como el presunto homicida. 

Lo cierto es que el Chueco, que como puede imaginarlo es integrante del crimen organizado, forma parte de las mafias que pelean el multimillonario negocio de la tala ilegal de árboles al norte del país. Desde 2014 en Chihuahua el Cártel de Sinaloa, y su rama local Gente Nueva, sostiene una pelea encarnizada con el Cártel de Juárez y su propia célula local –La Línea– por los negocios ilegales, recursos madereros incluidos.  

El senador poblano Alejandro Armenta, que ha sembrado 2 millones de árboles en los 26 años de su iniciativa personal, propuso incrementar las penas de 3 a 9 años para la tala ilegal, pero con una tasa anual de deforestación de 166 mil hectáreas a nivel país son gotas para apagar un incendio. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de la zarza, cada árbol por su fruto se conocerá. 

De mujeres rurales

Puebla fue sede del relevante “Encuentro de Mujeres Rurales”, evento que tuvo su inauguración el viernes pasado –con una batería de personalidades en las intersecciones de los escenarios políticos y rurales nacionales– para discutir y atender las muchas problemáticas de las 13.9 millones de mujeres rurales mexicanas. 

Tuvimos, comenzando con quien impulsó el evento, a la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, a Maribel Méndez de Lara, magistrada presidenta del Tribunal Agrario, Eva Verónica de Gyvés, del Consejo de la Judicatura federal, y Gerardo Camarena, de ONU Mujeres. El señor Camarena desentonaba por género -aunque no por discurso– pero venía cubriendo a su jefa, quien no pudo asistir.  

La anfitrionía del evento la tuvo el gobernador estatal, Luis Miguel Barbosa, quien se deshizo en apropiados elogios para buena parte del presídium. Desde saludos íntimos a la magistrada Soto Fregoso, por pasadas luchas contras poderes oscuros, pasando por las senadoras Nadia Navarro y Malú Mícher, la secretaria estatal del campo, Ana Laura Altamirano, y destacadamente a la tlaxcalteca Beatriz Paredes.  

La senadora Paredes, que se ha distinguido por generar visibilidad a la vida agropecuaria del país y a la mujer rural –destacando su labor y resaltando sus desafíos–, le planteó al gobernador un importante reto: hacer de Puebla el espacio del programa integral en favor de la mujer campesina indígena más importante del país. 

El gobernador tomó el reto y encomendó a la secretaria Altamirano encargarse de diseñar el Consejo de Diseño y Aplicación de Políticas Públicas de Mujeres Rurales en el Estado de Puebla. Quedaron como admonición las palabras del gobernador “yo no sé si se pueda construir, porque luego en burocracia se terminan las cosas”, pero el trompo quedó echado en la uña. 

Algunos diagnósticos y soluciones son precisos. Como ajustar los procedimientos legales agrarios en los derechos de sucesión, perturbados por el machismo y la migración, o buscar esquemas de seguridad social para las dobles o triples jornadas de la mujer rural.  

Algunos diagnósticos y soluciones están desfasados de la realidad rural contemporánea. Como aseverar que la mujer rural produce el cincuenta por ciento de los alimentos del país, o que los modelos de producción pueden atender el encarecimiento de los alimentos. 

Hacemos como las campesinas cantadoras en los cultivos del arroz de Izúcar, que bien imitaba la senadora Paredes, –¡Lara-rará-lara-rará! – espantando los pájaros negros de la burocracia que presagiaba el gobernador, deseando el buen diseño y aplicación de políticas públicas para las mujeres rurales de Puebla.