Con total desfachatez y seguros de que la ley no aplica para ellos, un grupo de morenistas, encabezados por José Ramiro, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, utilizaron las actividades de Morena para hacer un acto disfrazado de campaña a favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
La actitud del exalcalde de Macuspana, Tabasco, se inscribe en un momento en que medio país está tapizado con propaganda a favor de Sheinbaum Pardo bajo el slogan: “Para que siga la transformación es Claudia”.
Sin duda estas acciones alcanzarían un fuerte reclamo del INE, un apercibimiento y hasta multas o en su caso advertencias de retirarle la candidatura -en caso de obtenerla- por actos anticipados de campaña, pero parece que a la oposición no le son importantes.
Ramiro “Pepín” López Obrador, igual que el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López, resultó “electo” como congresista tras las asambleas realizadas recientemente en Tabasco, por ello estará presente en la reunión nacional que buscará reformar los estatutos de Morena y nombrar a una nueva dirigencia.
Pepín no es el único hermano del presidente que se ha inmiscuido en la política y generado polémica. Pío se encuentra bajo una lenta investigación de la Fiscalía General de la República tras la publicación de videos en donde recibe dinero, presuntamente para apuntalar las actividades políticas de Morena y la campaña de AMLO, lo cual representaría la comisión de delitos electorales.
Y al igual que en el caso de Pío, a Pepín se le mira feliz, sin preocupación alguna pese a estar burlando la ley. Muy seguramente Andrés Manuel ya les explicó que si las normas no se ajustan a lo que él quiere simplemente saca su bolígrafo y redacta nuevas leyes o con un decretazo anula las existentes.
Así el nivel de descaro e impunidad que gozan y presumen los hermanos López Obrador.
¿No que en la 4T no había privilegios para nadie?
El justo reclamo jesuita
Han pasado dos meses desde que se supo del homicidio de los sacerdotes Javier Campos Morales, SJ, y Joaquín César Mora Salazar, SJ, dentro de la Parroquia de San Francisco Javier, en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua y hasta el momento las investigaciones no han ayudado a impartir justicia ni consuelo.
La iglesia católica dedicó todo el mes de julio a realizar diferentes acciones a lo ancho y largo del país, entre ellas ha pedir que las autoridades, en concreto el presidente, cambie su estrategia de seguridad: “Ya no nos alcanzan los abrazos ante tantos balazos”, fue parte del sentido discurso.
Pero el gobierno de la 4T, encabezado por Andrés Manuel, hizo oídos sordos y presentó “otros datos” en donde la incidencia de delitos, según ellos, disminuyó.
Ayer los jesuitas volvieron a alzar la voz y acusaron que sólo 6 de cada 100 delitos pueden ser denunciados en México, que menos del 1 por ciento de ellos se resuelven, que cada día hay 94 homicidios violentos en el país y que suman 500 feminicidios en la primera mitad del 2022.
Ante estas escalofriantes cifras anunciaron “la puesta en marcha de los trabajos para la creación del Observatorio para la Incidencia a Favor de la Justicia con Paz y Reconciliación, que se propone constituirse como una referencia especializada de información, análisis y construcción de conocimiento útil para todos los actores del Estado y de la sociedad”.
En otras palabras que comenzarán con un verdadero instituto que mida la violencia en nuestro país, que en breve nos presentarán “otros datos” que -le adelanto– no se parecerán en nada al show de la mañanera.
