De comprobarse la intervención del crimen organizado en la elección de Tamaulipas, a través de financiamiento con recursos de procedencia ilícita y del uso de la fuerza para influenciar el voto popular sería un gravísimo golpe a nuestra democracia que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificara el triunfo del candidato de MORENA, Américo Villareal. 

El periodista Héctor de Mauleón en su columna publicada en El Universal el pasado 19 de septiembre publicó supuestas filtraciones de cables de la embajada de EEUU en México dirigidos a la DEA, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y la Homeland Security, entre otras dependencias de gobierno del país vecino, en ese supuesto documento se señala que, según fuentes de la DEA, los marinos desaparecidos podrían haber sido comisionados para trasladar recursos obtenidos del crimen organizado para apoyar financieramente las campañas de MORENA en el Estado de México y Coahuila en el proceso electoral del 2023.  

Un supuesto segundo cable menciona la existencia de una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas perteneciente a Genaro Vázquez Barrera, quien habría financiado la campaña de MORENA en Tamaulipas hasta por 7 millones de dólares. La última vez que se le vio a Vázquez Barrera fue comiendo con el senador zacatecano del Movimiento Regeneración Nacional, José Narro, y con Américo Villareal, siendo el propio senador Narro quien subió la foto a sus redes sociales.  

El embajador de EEUU, Ken Salazar, desmintió los supuestos cables filtrados y enfatizó que los documentos donde se investiga a Américo Villareal no provienen de Estados Unidos. 

El pasado fin de semana se dio a conocer el proyecto presentado por el magistrado José Luis Vargas Valdez, SUP-JRC-101/2022 donde le plantea a sus compañeros de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificar el triunfo de Américo Villareal y desechar las pruebas presentadas por el Partido Acción Nacional, mismo que será votado este miércoles, muy grave resultaría que el intervencionismo y las presiones políticas provenientes del gobierno de la 4T y del partido en el poder, surtieran efecto y el sentido del voto de los magistrados electorales se viera comprometido, no podemos permitir que en México los fallos judiciales y las investigaciones pertinentes se dicten desde la mañanera, tribuna que le ha servido al ciudadano presidente, Andrés Manuel López Obrador, para promover la violación sistemática de la Constitución, misma que protestó cumplir y hacer cumplir.  

La sospecha fundada de la participación del crimen organizado en procesos electorales, es un durísimo golpe a nuestra democracia y una invitación a los ciudadanos a repudiar al ya muy defenestrado sistema político mexicano, se puede interpretar también como la rendición del Estado Mexicano ante el crimen organizado, dejando a los ciudadanos en un profundo estado de indefensión.  

Es obligación de las autoridades electorales, garantizar el derecho constitucional de los ciudadanos de votar de manera libre, blindando nuestros procesos electorales de la injerencia del crimen organizado y de las presiones políticas y voluntades de autoridades gubernamentales.  

¡Sobre caprichos e intereses delincuenciales, democracia y Estado de Derecho!