La semana inició con muchos sobresaltos para Nacho Mier y para su hijo Nachito. Desde la mañanera local, el gobernador Barbosa lanzó una advertencia de esas que causan agruras.  

La limpieza en el municipio que administra el junior, podría —como ha sucedido en otros Ayuntamientos— poner el cascabel al gato y comenzar con una investigación penal contra Mier Bañuelos.  

Sobre Nachito —no se debe olvidar—, está pendiente el deslinde de responsabilidades luego que sus policías acribillaron a tres ministeriales en noviembre pasado. El alcalde de Tecamachalco también se encuentra envuelto en sospechas de tolerar el tráfico de drogas, armas y huachicol en su municipio.  

Se ve difícil que un municipio con tantos homicidios y secuestros pueda salir bien librado, en caso de que se realice una inspección minuciosa a sus autoridades y mandos policiacos.  

Sin embargo, la preocupación de los Mier debió aumentar unas horas después. Antes de la comida comenzó a circular la ficha de detención de Florentino Daniel Tavera.  

Tavera es el hombre clave en la creación de al menos 32 empresas de papel que sirvieron como fachada para el lavado de 420 millones de pesos, de acuerdo a la información que ha circulado en diversos medios de la capital del país y Puebla.  

De ser ciertos los señalamientos contra Tavera, a Mier le habrían cortado la mano que se encarga de financiar desde sus sueños de candidato hasta negocios como constructoras o Diario Cambio. Un golpe difícil de superar. 

Algo es seguro, el lunes fue negro para los Mier y esta historia tendrá mucha tela para cortar.

El espionaje en la 4T

Que son distintos a los anteriores repiten como merolicos los fanáticos de Andrés Manuel, que con AMLO las cosas ya no son como antes, dicen.  

Pero la realidad también tiene “otros datos”.  

Con las revelaciones que han surgido tras la filtración de información del grupo de hackers Guacamaya se conoció que el Ejército espió a los activistas que tomaron las instalaciones de la planta Bonafont en agosto pasado.  

Así como se señaló a Enrique Peña Nieto y al propio Rafael Moreno Valle de utilizar programas como Pegasus para espiar ilegalmente a sus adversarios, periodistas, activistas, políticos y hasta integrantes del gabinete federal, ahora la 4T deberá explicar por qué espió los movimientos sociales y de pasó cuántas acciones o personas han sido vigiladas por la Sedena y el Estado Mayor presidencial.  

Al paso de los días seguiremos leyendo de nuevas revelaciones y en una de esas conoceremos la información que la Presidencia y los militares tuvieron ante el helicopterazo donde fallecieron el exgobernador, la entonces gobernadora, Martha Erika Alonso, y tres personas más en diciembre de 2018.