Cuando en 2021 la situación en San Martín Texmelucan daba muestras de la descomposición y el desgobierno que se vivía, Norma Layón recurrió a uno de sus padrinos políticos para aferrarse con uñas al Ayuntamiento, concretamente buscó a Eric Cotoñeto Carmona.
Fue en las oficinas de Chula Vista donde planearon la estrategia para vencer al enemigo, y ahí se dio el apoyo de la operación política aprovechando que Cotoñeto aún mantenía algo de poder.
En esas fechas hasta Norma Layón tuvo que hacer fila para que la recibiera el entonces gran operador.
Y así, con una muy cuestionada votación, con el reclamo social por la inseguridad y la ingobernabilidad en el municipio, así como la sospecha de corrupción, Normita se mantuvo al frente de San Martín.
Y aunque el INE le expidió su constancia de mayoría la verdad es que no contó con el respaldo del pueblo, hoy enfrenta una crisis más y quizá se trate de la razón que le obligue a solicitar licencia al cargo.
Luego de que el ex secretario de obra pública, Julio César N., y el ex director de Protección Civil, Heriberto N., fueron detenidos por el caso de Temaxcalac, la alcaldesa bien podría empezar a contar sus días en libertad, al final, en la cadena de mando, ella es la principal responsable de la tragedia -por negligencia y corrupción- que causó dos muertes.
¿El largo brazo de la justicia la alcanzará?
Veremos y diremos.
Siguiendo el ejemplo
La hija de Rosario Robles, Mariana Moguel Robles, junto con un grupo de políticas de la Red Plural intentarán replicar las acciones que atrajeron la atención del presidente de la SCJN, Arturo Zaldivar, al grado de visitar a un grupo de mujeres privadas de su libertad en Santa Martha Acatitla.
Tras la visita del magistrado, la Defensoría Pública Federal y el Tribunal de la Ciudad de México han acelerado la preliberación de varias mujeres cuyas historias son tan trágicas como injustas.
El próximo viernes 14 de octubre, al mediodía, en el Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI) se realizará el foro “La ruta por la libertad” justamente con la intención de atraer la atención de la Defensoría y de la SCJN.
Por el momento, media centena de mujeres privadas de su libertad en San Miguel han firmado diversas cartas solicitando al máximo tribunal del país que la justicia llegue, muchas de ellas llevan años esperando una sentencia, que avance su juicio o que simplemente les digan que se trató de un error porque no hay pruebas en su contra.
Ojalá que, al igual que en la Ciudad de México, se puedan agilizar los trámites de preliberación, que quienes tienen cuentas pendientes sean sentenciadas y que quienes simplemente estuvieron en el lugar inadecuado, puedan regresar con sus familias.
