La Suprema Corte tiene la última tarea de preservar el estado de derecho. Así, proteger los derechos fundamentales inscritos en la Carta Magna y dirimir controversias son sus labores más importantes. 

Es para otra discusión valorar qué tan sano es para la vida pública la enorme cantidad de asuntos que cruzan por el edificio marcado con el número dos en Pino Suárez, allá en la capital. Desde reformas electorales hasta eléctricas.  

Para este 2023 una tanda de temas, muchos arrastrados de años pasados, dominarán los titulares. 

Las polémicas contra el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) son de las más verdes, puesto que ninguna ha sido atraída por la Suprema Corte. Pero no es por falta de material.  

De inicios de sexenio a noviembre pasado el Consejo llevaba a cuestas más de 680 amparos, 229 tan solo en Puebla. Todo antes de la polémica propuesta de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que anticipa una importante cascada de recursos legales. 

Otro tema entró en vigor apenas ayer: el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. Draconiano juego de reglas con prohibiciones a diestra y siniestra.  

Por un lado, se impide la exhibición de cigarros para venta, más allá de los vetos en publicidad y promoción.  Por el otro, se prohíbe la venta de alimentos y bebidas donde se pueda fumar. 

Las cámaras empresariales industriales, de tiendas de autoservicio, comercio, restaurantes y turismo (ANTAD, CONCAMIN, CONCANACO y CANIRAC) comienzan a armar la estrategia legal de la mano de la British American Tobacco y Philip Morris, quienes controlan el 98% del mercado legal.  

De cada cinco cigarros vendidos uno es chueco, lo que representa casi 14 mil millones de impuestos que no entran a las arcas públicas. 

Una suma de posibles afectados asciende –conservadoramente– a más de 600 mil, por lo que podrá imaginar el diluvio de amparos que se aproximan. La fecha límite es el 24 de febrero, por lo que el reloj ya está en marcha. 

El otro tema –éste ya en la Suprema Corte– que se deberá dirimir serán las controversias a la Norma Oficial Mexicana NOM-051. O sea, el etiquetado hexagonal que usted bien conoce. 

Los recursos impuestos por refrescos Barrilitos, lácteos Santa Clara y conservas Herdez tienen como argumento central una vulneración a los derechos de elección. Ha trascendido que se negarían estos amparos, aunque se deberán de discutir en público en el pleno. No obstante, el asunto tiene carnita extra.  

Uno de los proyectos que niega los amparos fue escrito por la ministra Yasmín Esquivel, identificada por el vulgar plagio de su tesis de licenciatura.

La nueva ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, tiene la atribución de llevar el tema a sesión cuando se le dé la gana. Por lo que podría ser votado este semestre o el siguiente año, quizá buscando evitar una controversia por una resolución armada por una pedestre copiona. Tal vez esperando que la señora renuncie por vergüenza propia… primero los mexicanos dejaremos de fumar o comer Gansitos.