Las potentes lluvias de semanas pasadas, que llegaron a aislar físicamente lugares como Lomas de Angelópolis, nos recuerdan de las inclemencias de un medio ambiente violentado por el cambio climático. Olvidamos pronto, pero los calorones de hace meses pasarán a ser la norma. El cambio climático es una realidad ya bien instalada en nuestro entorno.
La podremos acelerar, frenar o hasta revertir, aunque un buen rato seguirá con nosotros. Esto lo sabíamos a nivel humanidad, países y estados, hasta Puebla ya contaba con su ley de cambio climático, si bien ir viviendo los estragos obliga a realizar modificaciones sobre la marcha.
En medio de un panorama político dividido y polarizado, es alentador ver que el pleno del Congreso de Puebla alcanzó consenso unánime al aprobar la Ley de Cambio Climático propuesta por el gobernador Céspedes Peregrina. Esta iniciativa, presentada en julio de este año, ahora ley, marca un paso significativo hacia la protección del medio ambiente y el bienestar de los ciudadanos, asegurando el derecho fundamental de todos a un entorno sano, necesario para el bienestar de la sociedad.
Reducir la vulneración de nuestros ecosistemas. Fortalecer las capacidades estatales y municipales para enfrentar este reto. Creación de sistemas de parques, jardines, árboles y humedales que ayudarán a captar agua y mejorar nuestro entorno. Todo cosas muy bonitas y funcionales y necesarias para mitigar el cambio climático, pero las cosas cuestan.
La ley es previsora y establece la creación de un fondo de Cambio Climático para el Estado de Puebla, aunque para llenar el cochinito es vaga. Al momento de pagar la cuenta todo mundo se hace güei.
En México, la realidad fiscal frente a los desafíos ecológicos es un panorama desigual. En un país tan vasto y diverso, donde cada estado lleva parte de su propia melodía fiscal, la pregunta es si estos impuestos verdes son clave para la protección del entorno o simplemente una nota discordante en la partitura tributaria. Solo 14 de los 32 estados del país han abrazado la idea de impuestos verdes, una medida destinada a poner un precio sobre la contaminación ambiental y, de alguna manera, desincentivarla. Puebla no es de esos.
Estos gravámenes se aplican en su mayoría a la generación de dióxido de carbono, pero también abordan otras formas de contaminación, desde extracción de materiales pétreos hasta emisiones de contaminantes en aire, agua y suelo.
Sin embargo, la triste verdad es que el peso recaudado por estos impuestos es ligero, apenas un suspiro en términos de ingresos estatales. Las proyecciones indican que en 2023 estos impuestos apenas aportarán un mísero 0.5 por ciento de los ingresos totales.
Entonces, mientras el país continúa su sinfonía fiscal, queda por ver si esta melodía verde se convertirá en una pieza central o simplemente en una nota aislada en el repertorio tributario de México. La armonía entre el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente es un desafío que requiere de una partitura bien afinada y de una ejecución precisa en cada rincón de la nación.
