Al norte del Valle de Bravo -en el Estado de México- existe un pequeñísimo encuadre rural de cabecera, dos pueblos y cuatro rancherías. Menos en tamaño que Disney World, y con una población parecida al poblano municipio de Chiconcuautla (unos 18 mil habitantes).

Enclavado en el lado sur del Nevado de Toluca, su accidentada geografía consiente que menos de la mitad del territorio sea propicio para la agricultura, aunque sus abundantes fuentes de agua hacen que sea llevadero. Texcaltitlán se compone de texcalli -roca- y titla -entre-, entre las rocas. El nombre hace honor.

El valor de su producción agrícola es de unos 130 millones de pesos. Suena a mucho, pero dividido entre lo sembrado apenas se generan 20 mil devaluados por hectárea. Le resta lo invertido y apenas salen tablas para malvivir otro año más.

Entre los cultivos destacan dos por su valor. La avena, 49 millones. Y las habas, 13. A este cachito de riqueza rural un grupo les vio signos de pesos. Exactamente un peso el metro.

Los involucrados ya son por todos conocidos, fue el grupo criminal de la Familia Michoacana. Estos malandrines buscaban recaudar un impuesto, una extorsión, cobrar una renta de piso equivalente a un peso por metro de siembra.

Entre avena y habas se siembran 44 millones de metros cuadrados, lo que hace complicado cuadrar los números de lo que querían cobrar al pueblo de Texcaltitlán. Aún más complicado sería preguntarles a los criminales, ya que terminaron asesinados a machetazos por una turba enardecida.

Machetes, hoces y armas de fuego que parecían más arcabuces que rifles, contra ametralladoras y armas de asalto de la Familia Michoacana. 11 mafiosos abatidos, 3 pobladores fallecidos.

La ofensiva texcaltitlense no la llevó un mando de seguridad pública, fuerzas armadas o autodefensas, no, fue Noé Olivares, el delegado comunal. Noé fue uno de los tres que murieron en defensa de su tierra y pueblo.

A estos lamentables hechos, AMLO insistió en que al narcotráfico lo tenemos que combatir todos. Pero el presidente se equivoca, y todos lo sabemos. Un ciudadano no tiene con qué -ni por qué- asumir las responsabilidades que corresponden al Estado, que tiene presupuesto, poder de fuego, y mandato constitucional para asegurar las condiciones mínimas de paz para vivir.

La extorsión es el segundo crimen más común en Puebla, con cerca de 7 mil denuncias al año. Las denunciadas, la cifra negra es inmensa entre terror y vergüenza de verse víctima de dicho delito. El campo poblano no solo no es ajeno a este problema, es uno de los más afectados.

En el norte, allá por Z. Mena, en la parte limítrofe con Veracruz, los productores citrícolas son asolados y asediados con cuotas de cobro de piso. Hacia el sur, pegados con Morelos, las extorsiones pegan diariamente a los que trabajan en el campo. De este a oeste nuestras carreteras son rutas de peligro para aquellos vehículos que mueven los productos agrícolas de los fértiles valles poblanos hacia el resto del país, muchas veces por corruptas o coludidas autoridades.

Las últimas estimaciones dicen que Puebla como estado perdió más 13 mil millones de pesos anuales como consecuencia de la inseguridad, pero de nuevo, todos sabemos que eso no es cierto. Aunque el monto es varias veces superior, esa pérdida es irrelevante cuando lo otro que se ha perdido es la paz de vivir. De a peso el beso.