El próximo mes de mayo, Agua de Puebla para Todos, cumple la primera de tres décadas de contrato.

La primera “decena trágica”.

Y ahora en campañas, nuevamente, la empresa privada está en el banquillo de los acusados.

El mal servicio desde mayo de 2014 cuando inició operaciones, se presta a que candidatos revisen el tema.

Con miles de quejas de ciudadanos o usuarios, se convierten en bandera política.

Lo único que los ha salvado de ser corridos, es un contrato a todas luces protector de la empresa y no del gobierno.

Rafael Moreno Valle los dejó tan protegidos, que retirarles la concesión, es muy caro para el erario.

Por eso se ríen desde Agua de Puebla, porque, aunque se los quitara, saldrían ganando.

Lo cierto, es que ahora candidatos han tomado nuevamente el tema.

Ahora se espera sea revisado a fondo, para encontrar una solución.

Por ejemplo, quitar el cobro de saneamiento que hace Agua de Puebla a miles de poblanos, sin que sanee las aguas realmente.

Tapar el ojo al macho no es sanear.

Colectivos civiles y activistas, que están luchando, afirman que el 70 por ciento de usuarios carece de un buen servicio.

A la mayoría les llega una o dos veces por semana agua a sus casas.

Incluso, hay cálculos de pérdidas del 21 por ciento de la producción acuífera.

Desde que Agua de Puebla, que pertenece a Concesiones Integrales, recibió la concesión se le dio infraestructura con un valor de 7 mil millones de pesos, por una contraprestación de mil 486 millones de pesos que pidió a un banco y ahora le autorizaron otros 2 mil 500 millones.

Negociazo.

La firma ha dicho que extrae 4 mil 320 litros por segundo, que son 136 millones de metros cúbicos al año, lo que equivale a 300 mil metros cúbicos diarios de agua.

De este modo, alcanzaría suministrar 200 litros por persona, según los cálculos.

Pero siempre hay un pero.

La empresa argumenta que pierden el 21% del agua.

Entonces, alcanzaría dar 150 litros al día por persona.

Pero en realidad, el 70 por ciento tiene vital líquido solo una o dos veces por semana.

Todo por una clara ineficiencia en el manejo de la red y del agua, mala capacidad para administrarla, operar y distribuir.

Pero las tarifas son como si hubiera agua 24 por 7.

Al tener altos costos de producción en el agua y con ineficiencia en la administración, el aumento en las tarifas se lo cargan a los usuarios.

Y es que, según cálculos de los mismos colectivos y activistas, solo tienen un 35 por ciento de recaudación.

El 65 por ciento de los usuarios no pagan, la mayoría porque simplemente tienen mal servicio.

Hay decenas de colonias en las que el agua les cae por tandeo, solo algunas horas y otras hasta una o dos veces por semana.

Y es que es lógico que una empresa privada tenga sus propios intereses y no el bien común.

Se sabe que con los 2 mil 500 millones de pesos que les autorizaron como crédito, será para ampliar la cobertura, construir plantas de tratamiento pendientes y mejorar el sistema de distribución.

Pero todo lo tendrá terminado al 100 por ciento hasta el 2032.

Al violar la ley e incumplir el contrato, se tendrían que ir.

Un tema pendiente.

Tiempo al tiempo.