El cisma por la despenalización del aborto en Puebla ha iniciado.

Los grupos que se esperaban lanzaran resistencia, han empezado, desde el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, hasta la ultraderecha del Partido Acción Nacional (PAN).

Pero a pesar de toda esta presión en la Puebla conservadora, se espera finalmente que ya no se penalice.

Incluso para aumentar esa presión, monseñor Víctor, lanzó la consigna o advertencia que los legisladores “no se mancharan de sangre las manos”.

Lo cierto, es que en Puebla entre 2002 y 2022, al menos 78 mujeres murieron por realizarse abortos clandestinos, según datos de la red de médicos especialistas, “Salvemos Miles de Vidas”, basadas en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Por eso ahí cabe la pregunta ¿quién se manchó de esa sangre?

Además, en 2022 se contabilizaron alrededor de 3 mil 900 egresos a una unidad médica, de acuerdo con el Sistema de Información de la Secretaría de Salud.

Ahora, finalmente llegó el momento y el Congreso no tiene vuelta de hoja: acatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y lo hará la casi extinta legislatura, para evitar problemas político- sociales con la entrante y el próximo gobierno de Alejandro Armenta Mier.

Y si hacen falta más datos, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Fetales (EDF) del Inegi, en 2021 Puebla fue la octava entidad con mayor incidencia de interrupciones del embarazo en el país con 275.

Además, desde 2007, mil 692 mujeres que radican en Puebla han tenido que viajar a la Ciudad de México para practicarse una interrupción del embarazo de manera legal, según datos del Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la capital del país.

Todo porque el Código Penal de Puebla mantiene dos artículos donde se exponen sanciones a las mujeres y personas que consientan el aborto.

En Puebla una mujer puede ser procesada por aborto, según el artículo 342, aunque el juez que tuviera un caso, podría invalidar la legislación y aplicar lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los jueces están obligados a tomar los criterios de la SCJN, por lo que ya no pueden emitir sentencias en dichos casos.

Según datos oficiales del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la última indagatoria abierta por este aún delito, fue en el primer mes de 2022, la cifra más baja desde 2015.

En noviembre de 2021, el finado gobernador Miguel Barbosa Huerta, aseveró que en la entidad no se perseguía el aborto y desde entonces solo se abrió dicha carpeta de investigación.

Y ahora con el gobernador Sergio Salomón, fue la misma tesitura.

Anteriormente, desde 2015 a 2019, se registraron 41 indagatorias abiertas.

Entre 2015 y 2016, cuando aún era gobernador Rafael Moreno Valle, fueron los años que más se abrieron carpetas o indagatorias, 7 de ellas en el primer año y 16 en el siguiente.

El problema del aborto ahí está y no desaparecerá con manifestaciones, protestas o amenazas.

Y al parecer en Puebla llegó la hora, el cambio de paradigma.

Tiempo al tiempo.