A un paso de la extinción la transparencia o al menos de que se complique gravemente en México.
El pasado viernes la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Carta Magna, que proponen la extinción de siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El argumento es que con las economías y ahorros que generen, se destinen al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Pero el fondo, podría ser mucho más turbio: ocultar y manejar la información sin rendir cuentas.
En la fracción VIII del apartado A del artículo 6 se derogan los párrafos relativos al funcionamiento y atribuciones del INAI, y el párrafo donde se reconoce la autonomía de este organismo se reforma.
El dictamen se aprobó en lo general por 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, y en lo particular, con 22 votos en pro, 16 en contra y cero abstenciones.
Así, se remitió a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales.
Ya no habrá una instancia externa e independiente que, de manera imparcial, determine la legalidad de la actuación de miles de sujetos obligados.
Por ejemplo, el INE tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos.
También el artículo 123 establece que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá la competencia para conocer de los mismos asuntos.
Se pretende que las atribuciones del INAI sean trasladadas, en parte, a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos internos de control del Poder Legislativo y Judicial.
Centralización del derecho de acceso a la información, simple.
¿Y la PNT?
En vías de extinción el Sistema Nacional de Transparencia y con ello la desaparición de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que contiene información desde el directorio de las administraciones públicas locales e instituciones, sueldos y prestaciones de personas servidoras públicas, hasta licitaciones, contratos y adjudicaciones directas, entre otros rubros.
La disponibilidad de la información resulta posible gracias a la autonomía de los organismos garantes a nivel nacional y en los estados.
La PNT suma 9 millones 310 mil 376 solicitudes de acceso al 31 de enero de 2024.
Seis millones 499 mil 797 de ellas corresponden a información pública y 2 millones 810 mil 579 están relacionadas con la protección de datos personales.
En 2023 recibió cerca de 183 millones 987 mil 580 intentos de ciberataque y en lo que va de 2024, otros 69 millones 839 mil.
Pero nunca ha sido vulnerada, siendo un ejemplo de vanguardia tecnológica y de accesibilidad a nivel mundial.
¿Ahora dónde se irá toda esa información?
Nadie sabe.
