Bastante trabajo tienen los diputados en Puebla para reformar y crear leyes que ayuden a mejorar las condiciones del estado, como para estar de ocurrentes o peor aún, presentando leyes “con apellido” que sólo buscan saciar las venganzas.
Puebla ya ha padecido muchas ocasiones de políticos que, movidos por las vísceras, deciden modificar la ley para amagar o cobrar venganzas absurdas contra sus predecesores o enemigos.
Durante años, en cada cambio de gobierno, padecimos las ocurrencias para sacar los resentimientos políticos y no nos fue nada bien. En contraste, Sergio Salomón demostró que viendo al frente se pueden hacer más cosas.
Ahora bien, algunos diputados con iniciativa propia, presentan ideas que van en un sentido opuesto al desarrollo y armonía del estado.
La “Ley Domínguez”, por ejemplo, es una de estas iniciativas que parecieran estar hechas al vapor. De entrada, se trata de una propuesta que no podría aplicarse en contra de quien realmente desean, porque la ley no es retroactiva.
En caso de que realmente se hayan cometido irregularidades financieras en el Ayuntamiento de Puebla y que haya manera de probarlo, lo más indicado sería utilizar los mecanismos de control que existen como las auditorías e incluso las denuncias, que pueden llegar a ser penales. Todos estaremos a favor de que se aplique la ley.
Sin embargo, inventar una nueva Ley que además pida la inhabilitación de “por vida” es un absurdo y raya hasta en lo inconstitucional.
Seguramente esta propuesta quedará en una simple iniciativa individual que nada tiene que ver con el discurso del gobernador electo, Alejandro Armenta, quien ha dejado en claro que tendrá mano dura, pero no apostará por las persecuciones.
Como decía, es bueno que se contemplen cambios de leyes o nuevas normas, lo que se debe evitar es caer en las ocurrencias, donde solamente se legisla bajo un sentido muy superficial sin entrar al fondo jurídico de los temas.
Transportistas vs. pensiones y becas
En un capítulo más del tema de los concesionarios que exigen un alza al precio del pasaje del transporte público, ayer conocimos las razones por las cuales los dueños de las unidades quieren eliminar las tarifas preferenciales que hoy aplican para estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad.
En el primer caso, la respuesta fue dividida. Por un lado, en el caso de los usuarios que van a la universidad, los transportistas acotaron que la BUAP, la UDLAP y otras casas de estudio cuentan con transporte propio por lo que consideraron que retirar el descuento no les afectaría a los universitarios.
Respecto a los miles de alumnos que cursan de preescolar a preparatoria la razón fue otra: el gobierno ya les paga becas y ese dinero pueden utilizarlo para pagar su traslado.
El mismo razonamiento aplicaron para las personas de la tercera edad, pues aseguraron que al contar con pensiones del Bienestar, ya no es necesario darles ningún descuento.
Las personas con discapacidad también cupieron en esa idea, aunque agregaron que no existe razón legal para tener una tasa cero con ningún sector de la población.
Así las cosas con los hombres que presionan para mejorar su economía, incluso sangrando las pensiones y becas del Bienestar.
Ni más ni menos.
