Gobernar es un arte sin manuales. La política pública se desenvuelve en un lenguaje de cifras y argumentos que, al ser traducidos en comparecencias, a menudo pierden la conexión con la tierra que prometen dignificar. El ejemplo más reciente, desarrollo rural estatal.

La administración en el ámbito rural se enfrenta a un predicamento doble, escasez de talento y desinterés de las partes, dejando en su lugar un aparato burocrático cuya misión se reduce a administrar presupuestos.

En Puebla, hablamos de mil 340 millones de pesos destinados al desarrollo rural, un monto que pinta significativo, pero que al dividirlo entre unidades de producción se diluye a unos mil 500 pesos por hectárea. Y, aun así, las decisiones se toman. Imaginamos que con buenas intenciones.

Destinar 428 millones al mezcal es una apuesta fuerte para detonar una cadena productiva, pero destinar 1/3 de todo el presupuesto agropecuario a esta cadena en particular —y de la manera que se hizo— es de muy alto riesgo. La intención, por noble que sea, tropieza con realidades del mercado: una inyección masiva de oferta que amenaza con saturar una demanda aún inmadura.

15 millones de agaves sembrados y una capacidad instalada para generar un millón al año, tan solo en proyectos del estado. Sume la capacidad de todas las otras entidades vecinas, especialmente Guerrero y Oaxaca —que fácilmente ganan al mercado poblano en costos— y el panorama resulta alarmante.

Lo aprendido del tequila —y eso que solo era un estado, Jalisco— no caló. En los últimos 5 años se multiplicó por 4 el número de productores, trayendo una absurda sobreoferta de agave, tirando el precio de 30 a 7 pesos el kilo de piña de agave; trasladando enormes deudas y desilusiones a los productores de planta, los más pobres. Eso sí, la producción fue un boom, dejando las ganancias donde siempre.

Uno pensaría que con esto veríamos algunas cosas buenas, como que dejen de depredar agaves silvestres, como decía la Secretaría Morayma Rubí en su comparecencia, pero esto es falso y viene por una imperfecta implementación del proyecto. La instalación de toda la cadena productiva de golpe, incluida la última, transformadora, significa que se van a requerir insumos hoy para poner a trabajar todos los fierros hoy. ¿Y dónde hay agaves enormes para ser convertidos en espirituosas bebidas hoy? Solo quedan en la Biósfera Tehuacán–Cuicatlán.

Lo anterior es tan notorio que llegó al Congreso Local, donde el exdiputado José Miguel Huerta le echaba la bolita a SEMARNAT y PROFEPA, para pisar callos federales y no estatales. Son responsabilidades compartidas y ninguno hace mucho, bueno PROFEPA dice que sí, y sus logros visten el problema de cuerpo entero: clausuras por cambio de uso de suelo forestal a siembra del agave.

Otro punto en la comparecencia fue la perspectiva de género. Se destacó que 48% de los apoyos van destinados a mujeres, pero este dato, al ser desmenuzado, pierde su lustre. En un estado donde 8 de cada 10 hectáreas son trabajadas por hombres, la aplicación de una lógica de reparto 50/50 resulta en un despropósito.

Es indiscutible que la igualdad sustantiva es un objetivo interdisciplinario de largo aliento, pero imponer paridad en un contexto donde las mujeres representan una minoría numérica distorsiona las prioridades. Las secretarías de desarrollo rural no pueden ser de asistencia social, sino un motor técnico que impulse al campo como el engranaje primario de la economía.

En el fondo, lo que estas comparecencias dejan claro es que el campo no vota, pero la gente rural sí, a veces. Gobernar, diseñar y aplicar políticas públicas exige más que buenas intenciones; demanda visión, capacidad técnica y, sobre todo, voluntad para enfrentar las contradicciones del sistema. Sin eso, seguiremos compareciendo ante las mismas realidades, año tras año.