En medio de un absoluto hermetismo, elementos de la mesa tres del Ministerio Público, de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), interrogan a siete estudiantes de la UAP respecto a los atentados ocurridos la mañana del lunes 1 de junio en una de las terminales del RUTA, el Instituto Nacional Electoral ‎y la Secretaría de Economía.

Los sospechosos de los atentados, de quienes se dice que pertenecen al movimiento estudiantil "Yo soy 132" —aunque en este caso los identifican como los del Junio Negro—, estarían siendo acusados por los delitos de daño en propiedad ajena y ataques a las vías generales de comunicación, asociación delictuosa, y estudian si sea por terrorismo.
‎Se dijo que tras los hechos de la mañana del lunes, donde fueron detonados petardos, la PGJ trabajó la investigación con las cámaras de vídeo ubicadas, donde se hallaron los vehículos que fueron movilizados para los atentados.
El viernes, personal de la tercera mesa de trámite realizó dos cateos en las casas de los presuntos responsables, en busca de más artefactos explosivos. Se dijo que en las próximas horas la Procuraduría daría a conocer del resultado de las investigaciones.

Versión oficial
Después de más de 12 horas, la Procuraduría informó que son responsables de atentados de marzo y junio contra el INE, la SE y RUTA. En total, son siete las personas detenidas durante esta madrugada, confirmó la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla.
En un escueto comunicado, la dependencia omite la hora en que se realizaron los cateos (alrededor de las cuatro de la mañana de hoy), y también evitó confirmar que se trata de universitarios de la UAP, pese a que la rectoría de la máxima casa de estudios se encontraba tomada en estos momentos, en exigencia por la libertad de los universitarios. 
La dependencia morenovallista apuntó que los detenidos están vinculados con los atentados al INE, del 27 de marzo de 2015, y los bombazos del pasado lunes 1 de junio, que afectaron instalaciones del Instituto Nacional Electoral, la delegación de la Secretaría de Economía y una estación de la línea 1 de RUTA. 
Aquí, el comunicado íntegro de la dependencia morenovallista: 
“Ante su vinculación con hechos delictivos cometidos en instituciones gubernamentales, siete personas están a disposición del Ministerio Público.
”En seguimiento a lo ocurrido el pasado 27 de marzo de 2015 ante actos vandálicos registrados en oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE), la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJ), ha realizado diversas investigaciones que han permitido vincular estos hechos con los ocurridos el 1 de junio del 2015, en los que también derivado de actos vandálicos en los que se activaron artefactos que provocaron combustiones, se registraron daños en las instalaciones tanto del INE como de la delegación de la Secretaría de Economía, y en un paradero de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA). 
”De acuerdo con los datos de Inteligencia obtenidos, se ha podido establecer la posible participación de varias personas.
”Con apego a la Ley, por una parte se llevaron a cabo cateos ordenados por la autoridad judicial, y al mismo tiempo, fueron presentadas ante el Ministerio Público, siete personas de quienes se definirá su situación jurídica en un lapso de 48 horas. 
”Para deslindar responsabilidades, prevalecen diligencias a cargo de la PGJ Puebla, a través de la Dirección General de Servicios Periciales  y de la Policía Ministerial. En tanto que, respetando en todo momento sus Derechos Humanos, las siete personas permanecen a disposición de las autoridades.

La postura de la UAP
“Con respecto a la detención de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la institución informa que desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, integrantes de la Oficina del Abogado General, acudieron a la Procuraduría a investigar los actos que les imputan. 
”De igual forma, los representantes jurídicos de la Institución permanecen al pendiente y en comunicación con los familiares de los jóvenes detenidos brindándoles respaldo.
”La Universidad exige que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones en estricto apego a derecho, salvaguardando en todo momento la integridad física y respeto a los derechos humanos de nuestros estudiantes.
”Nos sumamos al consenso por la construcción de un mejor país, con bienestar y paz social”.