Activistas, asociaciones civiles y presuntas víctimas de violación de derechos humanos, junto con la representante de “Mujeres con Poder”, Yeny Charrez, exigieron la revocación de los jueces de lo familiar Alexis Minor Flores y Alejandro Pereda Vega, por supuesto favoritismo hacia presuntos agresores de menores.

En rueda de prensa, acompañada por las presuntas víctimas, responsabilizaron a los jueces de lo que suceda con los menores de edad y pidieron a las autoridades se investiguen a los funcionarios que han intervenido en los casos.

Se refirió a Esmeralda “N”, madre que murió en 2019 por cáncer dejando una niña de 4 años de edad, por quien su hermana y la expareja sentimental luchan por la custodia para evitar sea concedida al padre biológico, Marcos “N”, regidor de Obras Públicas de Santa Apolonia Teacalco y quien ha sido vinculado a proceso por ejercer presunta violencia familiar.

Los familiares recordaron que a la madre de la niña le fue negado en repetidas ocasiones acudir a revisión de salud por su propia pareja, lo cual habría ocasionado que el cáncer avanzara hasta su muerte.

Asimismo, los familiares acusaron al padre de presuntas agresiones físicas y sexuales, de acuerdo con señalamientos de la menor.

Responsabilizaron a Alexis Minor Flores, juez de lo familiar que lleva el caso y que está en funciones en Zaragoza, Panotla. Acusaron que el juez indicó que “un violador podrá ser buen padre”, por lo que se le debería entregar a la niña.

A su vez, en un segundo caso la activista Yeny Charrez mencionó el caso de una madre soltera que fue denunciada por el padre de su hija para una reducción de pensión alimenticia y obtener la custodia de la menor.

Dicho caso lo lleva el mismo juez Alexis Minor, a quien señaló que se portó prepotente durante sin dejar hablar a la madre y manifestándole que debería de llegar a un acuerdo, de lo contrario, la custodia de la hija pasaría a su padre, por lo cual supuestamente fue obligada a firmar un acuerdo donde se establece que si ella no entregaba a la niña para las visitas podría ir a la cárcel por incumplimiento.

Jenny Charrez, activista y abogada, calificó dichas acciones como prepotentes y abuso de autoridad. Aseveró que Minor Flores y Alejandro Pereda, director jurídico del Poder Judicial, han sido responsables de supuesta negligencia de varios casos con estas mismas características en Tlaxcala, por lo que exigió su revocación e investigación.

Pidieron se cree un Protocolo de Activación para casos de menores de edad ya que, describieron, no existe una sala lúdica en Tlaxcala, lo cual hace que el trato con los menores de edad se realice de forma errada, sin la presencia de médicos, psicólogos y en muchos de los casos sin preguntar a los niños si desean encontrarse en la misma sala que los demandados.