En rueda de prensa, Alberta Gila Ortiz Rodríguez, en compañía de su representante legal, Gonzalo Maturano Flores, denunciaron ante medios de comunicación que desde hace 15 años el ayuntamiento de San Pablo del Monte se adueñó de una propiedad perteneciente a la demandante sin voluntad de devolvérsela.
Desde hace casi 40 años, la señora Gila Ortiz y José Román Otero, su esposo, compraron un terreno en donde construyeron un edificio, mismo que años después fuera rentado a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO). Después del desaparecimiento del organismo, el edificio quedó abandonado para pasar a ser posesión del ayuntamiento bajo el alegato que había un contrato de compraventa por parte de la CONASUPO, mismo que aseguraron es apócrifo, pues los dueños originales aseguraron que no formaron parte de tal acuerdo, además de que las firmas no se parecen a las originales, explicó el abogado.
Una vez los dueños se dieron cuenta de estas acciones por parte del municipio, iniciaron el procedimiento legal para intentar recuperar el inmueble, logrando una orden judicial para la entrega del edificio, sin embargo, los representantes del ayuntamiento que han cambiado desde el año 2000 con varias administraciones han hecho caso omiso a dicha orden.
Gonzalo Maturano explicó que derivado de estás omisiones, la perjudicada iniciará el proceso de denuncia contra el presidente municipal, Raúl Tomás Juárez Contreras, que si bien no es el principal responsable, es en su administración quien ha ocupado el espacio para dedicarlo a la Dirección de Servicios Municipales, siendo parte de la cadena de servidores públicos que se han negado a hacer la entrega del inmueble a pesar de que haya una orden legal para hacerlo.