Este viernes, la diputada local, Alejandra Ramírez Ortiz, se reunió con el gremio periodístico y la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET), con la finalidad de escuchar propuestas para mejorar y presentar la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos para Tlaxcala.

Durante la reunión se discutieron temas para mejorar condiciones de los representantes de comunicación y se erradique la violencia en contra de este gremio no sólo con la creación de la Oficina de Atención para los Periodistas, sino también con la implementación de un marco jurídico por el cual pueden reglamentar las acciones a favor de quienes se han sentido vulnerados en sus derechos.

Destacó que la ley que presenta establece el mecanismo para la protección de personas defensoras de los derechos y periodistas para el estado y reconoció que a nivel nacional ya existe una reforma; sin embargo, indicó que se requiere una armonización y coherencia del mecanismo de protección.

“La coherencia se refiere sacar de la materia general las leyes generales que arman para todo un estado y hacerla específica para el estado de Tlaxcala”.

La ley estatal permitirá a los periodistas elegir el mecanismo, ya sea nacional o estatal, con el que desean protegerse, asimismo, la Junta Local del Consejo Consultivo estará conformado por 4 consejeros para evaluar riesgos y prevenir violencia en contra de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

Abundó sobre la importancia de actuar con rapidez ante cualquier denuncia, no sin antes prevenir las incidencias y los riesgos que presentan día a día los periodistas de la entidad, asimismo, para el cumplimiento de la ley y la existencia de un entorno seguro, se establecen obligaciones para el estado y sus municipios.

La diputada escuchó los posicionamientos de diversos periodistas de la entidad, con la finalidad de que en el futuro se analiza la propuesta al interior de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

Finalmente, entre las propuestas se cuestionó sobre la importancia de dar una autonomía a la Oficina de Protección a Periodistas, que actualmente opera a través del gobierno del estado, y el recurso que se deberá destinar para las medidas de la oficina.