La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el decreto que establece la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
Los ministros coincidieron con ocho votos a favor y tres en contra, que los actuales niveles de incidencia delictiva pueden considerarse como una situación de excepción para que los militares sigan en las calles.
El proyecto elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat estableció que la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México en estas labores se está realizando de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
“El acuerdo controvertido también contempla una participación militar fiscalizada, pues está sujeta al escrutinio de órganos internos de control civiles y del Senado de la República, ante quien el titular del Ejecutivo debe rendir un informe que, por sus características de inclusión de datos como nombramientos, despliegue territorial, situaciones en las que se intervino, entre otros, se trata de una actividad de fiscalización efectiva”, explicó.
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, rechazó que con esta resolución el órgano autónomo esté autorizando la militarización de las tareas de seguridad pública y agregó que México enfrenta al crimen organizado que tiene una capacidad bélica sin precedentes, situación que valoró el Congreso de la Unión, al aprobar la reforma para extender la presencia del Ejército hasta el 2028.
"Se podrá compartir o no esta decisión, pero lo que está cierto es que nuestra Constitución marca una ruta para fortalecer a la Guardia Nacional y mientras tanto las Fuerzas Armadas puedan apoyar en labores de seguridad y regresar a sus labores originarias en el menor tiempo posible y en el plazo que la Constitución marca", dijo Zaldívar.
