Al ser cuestionada sobre el trabajo para erradicar la violencia de género en Tlaxcala, la procuradora Ernestina Carro Roldán, señaló que se encuentran en revisión de todos los delitos de alto impacto en cuestiones de género que presentan rezagos administrativos.
Adelantó que buscará continuar judicializando los casos registrados de feminicidios, además recordó que muertes de niñas, mujeres y adolescentes se llevan a cabo con protocolo de feminicidio.
Lo anterior pese a que colectivos han señalado que no se cumple el protocolo, contabilizando casi 30 feminicidios en 2022 y cuatro en 2023.
La procuradora dijo que estas acciones reflejan un avance en la sociedad en cuestión de combate de violencia de género.
“Desde que nosotros llegamos, desde 2020-2021, todas las muertes de mujeres, niñas o adolescentes se investigan con protocolo de feminicidio, circunstancia que no se llevaba a cabo, ahora sí lo hacemos independientemente de que se haya dado o no la reforma, desde septiembre estamos trabajando con ese protocolo”.
Aseguró que en lo que va de la administración los feminicidios contabilizados por la PGJ no pasan de siete casos, el último registrado en febrero de 2023 y, en la mayoría, son parejas sentimentales quienes los cometen.
Criterios de jueces
Reconoció que debe fortalecerse la prevención, asegurando que se trabajará para disminuir los índices. No obstante, también fue cuestionada sobre la liberación del líder de la banda “Los Neri”, luego de ser capturado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y puesto a disposición a la PGJE, justificando que su liberación se debió al criterio jurídico del Ministerio Público.
Indicó que tanto la investigación e integración de carpetas son necesarias para llegar a una vinculación o sentencia, lo mismo sucede con los criterios de los jueces.
En el caso de Neri “N”, líder de la banda, detalló que fue puesto a disposición por delitos menores, como posesión de vehículo, por lo que, en la mayoría de los casos acreditan la propiedad.
“Aquí en este asunto específico, el juez consideró que no se justificaba la sospecha razonal”.